Conflicto institucional en Canarias por el traslado de una familia vulnerable desde El Hierro a Tenerife
El traslado de una familia vulnerable desde El Hierro hasta Tenerife sin una red de acogida garantizada ha provocado un conflicto institucional entre los ayuntamientos de Valverde y Arona por la falta de coordinación en la protección de los menores.
La gestión de la vulnerabilidad social en Canarias ha quedado en entredicho tras el reciente episodio protagonizado por una familia italo-cubana, compuesta por dos adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron trasladados desde El Hierro hasta el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, sin una red de acogida garantizada. Tal y como recoge el diario El Día, la operativa, ejecutada por el Ayuntamiento de Valverde, ha generado un conflicto institucional entre administraciones locales ante la aparente falta de coordinación en la protección de los menores implicados.
El núcleo del desencuentro radica en la disparidad de criterios sobre la responsabilidad asistencial. Mientras que el consistorio herreño sostiene que el traslado fue una medida necesaria para que la familia pudiera acudir al consulado italiano y regularizar su situación administrativa —tras haber residido meses en la isla en condiciones precarias—, el Ayuntamiento de Arona ha calificado el procedimiento de inaceptable. La concejala de Servicios Sociales del municipio tinerfeño, Ruth Martín, ha denunciado la falta de comunicación previa y la desprotección a la que se vieron expuestos los niños al llegar al puerto sin alojamiento, una situación que obligó a los servicios municipales de Arona a improvisar una solución habitacional de emergencia ante la ausencia de alternativas.
Desde una perspectiva jurídica, este caso pone de relieve las tensiones en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que establece el principio del interés superior del niño como eje rector de cualquier actuación administrativa. La normativa vigente obliga a las instituciones públicas a garantizar que cualquier cambio de residencia o traslado de familias en situación de exclusión no derive en una situación de desamparo, un extremo que el Cabildo de El Hierro ya ha comenzado a investigar, anunciando la apertura de una reclamación formal contra el ayuntamiento de Valverde por la gestión del caso.
El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha defendido la legalidad de su actuación, argumentando que el consistorio agotó sus recursos de asistencia y que el traslado fue una propuesta aceptada por los afectados para facilitar su regularización. No obstante, el relato de la familia, que afirma haber sido instada a abandonar su vivienda sin una hoja de ruta clara, contrasta con la versión oficial del municipio herreño. Este episodio no solo evidencia las carencias en los protocolos de derivación entre islas, sino que también subraya la fragilidad de los mecanismos de coordinación interadministrativa cuando se trata de gestionar la precariedad habitacional de familias en situación irregular, un desafío que, según los expertos en derechos sociales, requiere de una planificación más rigurosa que evite la desatención de los colectivos más vulnerables.