Controversia en Canarias por la planificación de inversiones de Aena en el DORA III
El sector empresarial canario cuestiona la petición del Gobierno regional de modificar las inversiones aeroportuarias del DORA III, advirtiendo que el proceso técnico de Aena es irreversible y ajeno a la negociación política.
La reciente controversia en torno a la planificación aeroportuaria en Canarias ha puesto de manifiesto la complejidad técnica y política que rodea a las inversiones de Aena en el archipiélago. Tal y como recoge la prensa regional, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), José Fernando Cabrera, ha cuestionado la petición formulada por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que solicitaba una reevaluación de los criterios de inversión para el periodo 2027-2031.
El núcleo del debate reside en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el instrumento normativo que establece las actuaciones estratégicas y las partidas presupuestarias para la red estatal. Según el análisis de Cabrera, la solicitud del Ejecutivo autonómico —verbalizada por la directora general de Transportes, María Fernández— denota una falta de comprensión sobre la naturaleza del proceso. El empresario subraya que la configuración de estas inversiones no es fruto de una negociación política discrecional, sino el resultado de un procedimiento técnico exhaustivo que se extiende durante años y en el que participan aerolíneas, autoridades civiles y operadores turísticos.
Desde una perspectiva técnica, la rigidez del DORA III es un factor determinante. Una vez que el Consejo de Administración de Aena ha validado el documento y este se encuentra a la espera de la ratificación definitiva por parte del Consejo de Ministros, el margen para introducir modificaciones es prácticamente inexistente. En este sentido, el sector empresarial advierte que intentar alterar el expediente en esta fase final carece de viabilidad operativa.
El caso específico del aeropuerto de Tenerife Sur ilustra la magnitud de los proyectos en juego. La planificación contempla una inversión total de 550 millones de euros, repartida entre los ciclos DORA III y DORA IV (2031-2035). Esta cifra responde a la complejidad técnica de edificar una nueva terminal sobre la infraestructura operativa actual, una obra de gran envergadura que requiere una ejecución dilatada en el tiempo.
Aunque el Gobierno de Canarias ha intentado matizar su postura inicial —aclarando que su petición no pretendía fomentar una pugna entre islas, sino solicitar una mayor transparencia en los criterios de reparto a nivel estatal—, el episodio ha evidenciado la tensión entre la gestión técnica de las infraestructuras y las expectativas políticas regionales. Los datos comparativos que motivaron la inquietud inicial, que situaban las inversiones previstas en Tenerife Sur en 375 millones frente a los 219 millones destinados a Gran Canaria en el DORA III, han servido como telón de fondo para un debate que, más allá de las cifras, cuestiona los mecanismos de gobernanza en la planificación de las puertas de entrada al archipiélago.