La crisis del campo canario: burocracia y costes disparan los precios al consumidor

El sector primario en Canarias atraviesa una encrucijada que trasciende la mera crisis de relevo generacional. Tal y como recoge una reciente entrevista publicada por El Día, la experiencia de Jonathan Molina, productor tinerfeño que transformó el negocio familiar de monocultivo de zanahoria hacia un modelo de diversificación y venta directa en Tegueste, sirve como termómetro para medir la fragilidad de la agricultura insular. Su testimonio pone de relieve una paradoja estructural: a pesar de la alta demanda de productos de proximidad, el agricultor local se enfrenta a un escenario donde la burocracia, las exigencias fitosanitarias y la competencia desigual con mercados exteriores están desincentivando la producción, incluso cuando los precios de mercado son elevados.

La estrategia de Molina, basada en el kilómetro cero, mueve un volumen semanal de más de dos toneladas de producto. Sin embargo, el ingeniero agrícola advierte que la viabilidad de este modelo depende de una planificación logística compleja, que busca garantizar el suministro constante de hortalizas —como la papa, la cebolla o el tomate— para competir con la comodidad que ofrecen las grandes superficies. El problema, según apunta, no es solo la falta de consumo, sino una drástica reducción de la superficie cultivada. Históricamente, el mercado se autorregulaba mediante el aumento de la oferta ante precios altos; hoy, esa lógica se ha roto: la falta de rentabilidad, derivada de los costes operativos y las trabas administrativas, impide que el campo reaccione ante la demanda.

Este fenómeno tiene una repercusión directa en el bolsillo del consumidor. La escasez de producción local ha provocado un encarecimiento notable en productos básicos, con ejemplos como el pimiento, cuyo precio ha pasado de los 80 céntimos a superar los tres euros en los puntos de venta. Molina subraya que el consumidor final es, en última instancia, quien sufraga el coste de la desaparición del tejido agrícola local, estimando un impacto anual de cientos de euros por familia.

El análisis de Molina también incide en la asimetría competitiva que generan las políticas europeas. La retirada de materias activas fitosanitarias en la Unión Europea, si bien responde a criterios de sostenibilidad, genera una desventaja competitiva cuando el mercado permite la entrada de productos de terceros países —como Marruecos o Turquía— que no están sujetos a las mismas restricciones. Esta situación, sumada a la carga burocrática que deben soportar los productores de mayor edad, dibuja un horizonte pesimista. Para el sector, la supervivencia pasa por una revisión profunda de cómo se aplican las normativas, pues, de lo contrario, la producción canaria corre el riesgo de quedar relegada a un papel residual, supeditada a las dinámicas de las grandes cadenas de distribución y a la pérdida definitiva de su autonomía productiva.