El bloqueo administrativo mantiene paralizada la rehabilitación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos

La rehabilitación del litoral de San Marcos, en Icod de los Vinos, se ha convertido en un laberinto administrativo donde la colisión de competencias entre administraciones mantiene en suspenso una demanda histórica de la ciudadanía tinerfeña. Tal y como ha trascendido tras la reciente comunicación del alcalde, Javier Sierra, dos dictámenes jurídicos —uno emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otro por los servicios legales del Ejecutivo autonómico— coinciden en señalar a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias como la entidad responsable de activar la evaluación de impacto ambiental, el trámite que actualmente bloquea cualquier avance sobre el terreno.

Este cruce de informes arroja luz sobre una parálisis que se prolonga desde que el Consistorio icodense validara su plan de recuperación en agosto de 2023. La gestión de este expediente ha derivado en un conflicto político de alto voltaje, con el actual regidor municipal señalando directamente al viceconsejero de Infraestructuras Turísticas, Francis González, como el responsable último de la inacción. Según la versión del Ayuntamiento, la dependencia de Costas bajo la órbita de González habría mantenido una inactividad prolongada que derivó en la caducidad de la solicitud inicial, un extremo que el gobierno local interpreta como una pugna por el protagonismo político en la ejecución de una obra de gran calado social.

El escenario se complica al sumar la postura de la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, dirigida por Héctor Mateo, que también se alinea con la tesis de que la competencia recae en el departamento de Costas. Esta fragmentación administrativa no solo dilata los plazos, sino que pone de relieve las dificultades de coordinación en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, una materia donde la concurrencia de competencias estatales y autonómicas suele derivar en cuellos de botella burocráticos.

Mientras la clase política intercambia reproches, la sociedad civil ha comenzado a articular una respuesta más firme. La plataforma SOS Playa de San Marcos ha manifestado su hartazgo ante la prolongada demora, anunciando su intención de auditar los informes recibidos por el Consistorio y solicitar encuentros directos con los responsables públicos. Para los colectivos vecinales, la prioridad es evitar que el proyecto quede relegado al olvido administrativo, una preocupación justificada tras tres años de promesas, movilizaciones ciudadanas ante la sede del Gobierno regional y una degradación física del entorno que, lejos de resolverse, sigue supeditada a la resolución de este conflicto competencial.