Un conflicto competencial mantiene cerrada la playa de Benijo tras el bloqueo del Ministerio a las obras de emergencia
Un conflicto competencial entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias mantiene cerrada la playa de Benijo al invalidar el Estado la declaración de emergencia necesaria para consolidar su talud.
El conflicto competencial entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias ha derivado en un bloqueo administrativo que mantiene clausurada la playa de Benijo, en el macizo de Anaga, desde el pasado mes de julio. Tal y como ha avanzado Diario de Avisos, la Dirección General de Costas del Estado ha emitido un informe desfavorable que invalida la declaración de emergencia aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, impidiendo así el inicio de las obras de consolidación del talud necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.
La discrepancia técnica se centra en la validez del procedimiento excepcional utilizado para la intervención. Mientras que el Ejecutivo regional, a través de su propia Dirección General de Costas, había dado luz verde a los trabajos —financiados con 2,15 millones de euros por la Consejería de Turismo—, el Estado sostiene que no se ha acreditado la urgencia necesaria para eludir los trámites ordinarios. El informe ministerial subraya deficiencias documentales y la ausencia de evaluaciones ambientales preceptivas, especialmente al tratarse de un entorno protegido integrado en la Red Natura. Asimismo, el documento estatal cuestiona la propia catalogación de la zona como área de baño, argumentando que las condiciones de peligrosidad del litoral podrían desvirtuar la justificación de emergencia esgrimida por el Consistorio.
Esta colisión institucional ha generado una respuesta contundente desde el ámbito local. El director general de Costas del Gobierno canario, Antonio Acosta, ha defendido la vigencia de la resolución autonómica, instando al Ayuntamiento a proseguir con las obras y desafiando al Estado a dirimir la controversia en los tribunales si considera que sus competencias han sido vulneradas. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha calificado la decisión estatal como un bloqueo arbitrario que frustra una solución técnica ya financiada y proyectada.
La tensión política ha escalado hasta el punto de que el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha tildado la intervención del Ministerio de "ataque" a la gestión municipal, advirtiendo sobre posibles movilizaciones vecinales en Anaga. El proyecto, diseñado por Wara Ingeniería, se enfrenta ahora a un escenario de incertidumbre jurídica. El Estado insiste en que, sin el aval del Cabildo de Tenerife y sin los informes de impacto ambiental requeridos, cualquier actuación en el dominio público marítimo-terrestre carece de cobertura legal, manteniendo el acceso a la playa restringido hasta que se solventen las discrepancias sobre la naturaleza de la emergencia y la protección del entorno.