Trece familias siguen atrapadas en el limbo administrativo tras la regeneración urbana de La Candelaria en Santa Cruz
Trece familias del barrio de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, permanecen en un limbo administrativo cinco años después de la inauguración de su nuevo complejo residencial debido a complejas trabas documentales y registrales que impiden formalizar su realojo.
La regeneración urbana del barrio de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, se enfrenta a un epílogo inacabado que pone de relieve las dificultades intrínsecas de los procesos de reposición residencial pública. Tal y como ha trascendido recientemente, el proyecto, que debía marcar un antes y un después en la calidad de vida de los residentes, mantiene a trece familias en una situación de limbo administrativo cinco años después de la inauguración del complejo residencial que debía sustituir a las antiguas viviendas sociales.
El contraste entre la modernización del entorno y la realidad de estos trece hogares es notable. Mientras que la gran mayoría de los vecinos ya disfruta de inmuebles que han duplicado la superficie de las antiguas construcciones —dotados de ascensores, plazas de garaje y criterios de eficiencia energética—, un grupo minoritario sigue vinculado a los bloques originales. Según fuentes municipales, el bloqueo no responde a una falta de voluntad política, sino a una compleja maraña de expedientes personales. La formalización de las permutas se ha visto frenada por obstáculos documentales que incluyen la acreditación de titularidades, la gestión de cargas hipotecarias previas y otras incidencias registrales que requieren una resolución individualizada.
Este escenario es el resultado de un plan de actuación que movilizó una inversión superior a los 12 millones de euros, con una financiación plurianual en la que participaron el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y el propio Ayuntamiento. La estrategia, impulsada en su fase final por el área de Viviendas Municipales bajo la gestión de Juan José Martínez, optó por una entrega escalonada de las llaves a partir de 2021. Esta decisión fue clave para evitar que la finalización de la obra se viera paralizada por la burocracia, permitiendo que la mayoría de los residentes abandonaran unas estructuras que, desde mediados del siglo pasado, presentaban graves deficiencias de habitabilidad, problemas de salubridad y un deterioro estructural severo.
El proceso de transición no estuvo exento de retos operativos. La necesidad de demoler parcialmente los bloques antiguos para prevenir la ocupación ilegal, sumada a la exigencia de que cada propietario aportara una cuantía económica —cifrada en una media de 15.000 euros según las características del piso—, añadió capas de complejidad a un realojo que, sobre el papel, debía ser ágil. En aquellos casos donde existían hipotecas sobre las viviendas originales, la renegociación con las entidades financieras para trasladar las cargas a los nuevos activos ha supuesto, en la práctica, el principal escollo para cerrar definitivamente el capítulo de la reposición.
A pesar de que el nuevo edificio en la plaza Joaquín Amigó de Lara ha transformado el tejido urbano de la zona, la persistencia de estos expedientes pendientes subraya la fragilidad de los proyectos de vivienda social cuando se topan con la realidad jurídica de los propietarios. Para estas trece familias, la regeneración del barrio de Azorín sigue siendo, por el momento, una promesa administrativa aún por materializar.