El conflicto competencial bloquea la rehabilitación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos

La rehabilitación de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, se ha convertido en un laberinto administrativo donde la colisión política entre el actual equipo de gobierno municipal y la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias amenaza con enquistar una intervención largamente demandada. Tal y como ha trascendido recientemente, el conflicto competencial sobre quién debe liderar la declaración de impacto ambiental ha motivado una serie de informes jurídicos que, lejos de zanjar la disputa, han intensificado el cruce de reproches entre el alcalde, Javier Sierra, y el representante de Coalición Canaria, Francis González.

El núcleo de la controversia reside en la determinación del órgano sustantivo encargado de impulsar el procedimiento ambiental. Según la documentación técnica solicitada por el Ayuntamiento para desbloquear el proyecto, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como los servicios jurídicos del Ejecutivo regional coinciden en señalar a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario como la entidad responsable de iniciar los trámites. Esta interpretación técnica es el eje sobre el que pivota la actual parálisis, un escenario que Sierra ha denunciado públicamente, cuestionando la gestión de González y señalando una supuesta inacción deliberada que habría provocado la caducidad de expedientes previos.

Por su parte, el exalcalde y actual viceconsejero ha rechazado estas acusaciones, esgrimiendo una lectura jurídica distinta. González sostiene que la aprobación definitiva del proyecto sigue recayendo en el Estado y que la tramitación debe ceñirse estrictamente a los términos del convenio suscrito en su momento, desvinculando a su departamento de la responsabilidad directa en la obtención de la declaración ambiental. Pese a este desencuentro, el responsable autonómico ha manifestado su compromiso de agotar las vías legales para viabilizar la obra.

Este bloqueo administrativo se produce en un momento en que la corporación municipal había intentado mostrar un frente común. En la penúltima sesión plenaria, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción de la Alcaldía instando a la Dirección General de Costas a formalizar la documentación necesaria ante el órgano competente. La falta de avances tras este acuerdo unánime subraya la complejidad de la gobernanza en proyectos de regeneración costera, donde la superposición de competencias entre administraciones —estatal, autonómica y local— suele derivar en una dilación de los plazos de ejecución, afectando directamente a la recuperación de un enclave estratégico para el municipio tinerfeño.