Buenavista: Visto para sentencia el juicio a exalcalde y secretario por prevaricación.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer la vista oral del proceso judicial que investiga una presunta prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte. El caso, que sienta en el banquillo al exalcalde socialista Aurelio Abreu y al secretario-interventor municipal Francisco Javier Bardón, quedó visto para sentencia. Durante la sesión, la Fiscalía rebajó su solicitud de inhabilitación para los encausados de ocho a cuatro años, argumentando la existencia de "dilaciones indebidas muy cualificadas" en la tramitación del expediente, que se remonta a hace dos décadas.

El origen de la controversia se sitúa en la adjudicación directa, sin concurrencia pública, de la redacción de un proyecto para un centro de atención a personas con discapacidad al estudio de arquitectos Cuende y Gutiérrez. Esta decisión se tomó a principios de 2006, tras la aprobación plenaria de la iniciativa en 2005 y la solicitud de una subvención al Gobierno de Canarias. El arquitecto Ramiro Cuende, socio del estudio y exconcejal socialista en Santa Cruz, presupuestó la redacción en 180.000 euros, a los que se sumarían 90.000 por la dirección de obra. El consistorio recibió una subvención nominativa de 162.000 euros, cuyo pago al estudio se ordenó en 2007, si bien la infraestructura nunca llegó a construirse.

La denuncia inicial fue interpuesta por Sí Se Puede (SSP) tras la llegada a la alcaldía de Antonio José González en 2011. González, al intentar impulsar el proyecto, constató la ausencia del expediente en el área de Urbanismo, lo que le llevó a sospechar de irregularidades. La Fiscalía se sumó a la acusación en 2018. Los denunciantes sostienen que la adjudicación se realizó "a dedo" para beneficiar al arquitecto y que el proyecto, por el que se desembolsaron fondos públicos, no se elaboró en la fecha indicada, sino que fue recuperado o confeccionado posteriormente. El propio arquitecto Cuende declaró que el proyecto se extravió en una mudanza y un cambio de sistema informático, siendo localizado en 2012 con la ayuda de un experto informático, un hecho que la acusación popular considera clave para sus sospechas.

En sus declaraciones, el exalcalde Aurelio Abreu rechazó responder a la acusación popular y afirmó haber firmado el expediente bajo la premisa de que "todo se ajustaba a la legalidad", confiando en la labor de funcionarios y gestores. Negó haber intervenido en las conversaciones para la adjudicación directa, a pesar de que la normativa de la época le habría permitido hacerlo. Por su parte, el secretario-interventor Francisco Javier Bardón, quien solo respondió a su defensa, negó cualquier participación en la adjudicación y aseguró no haber sido requerido para emitir informe alguno sobre el expediente. Justificó su firma en el pago al estudio por la "doctrina del enriquecimiento injusto" ante un trabajo que consideraba entregado.

Los concejales que ostentaron competencias en Urbanismo o Servicios Sociales en aquel periodo negaron haber iniciado el expediente, atribuyendo la competencia a la Junta de Gobierno. No obstante, defendieron la adjudicación directa al estudio de Cuende y Gutiérrez como la "opción más idónea", dada su experiencia previa en la construcción de un centro ocupacional contiguo, lo que aseguraría "continuidad en su funcionalidad y estética". Algunos ediles recordaron reuniones en las que habría estado presente el secretario municipal, aunque la defensa de Bardón contrapuso declaraciones previas de la instrucción en las que no se recordaba su presencia. Los ediles coincidieron en describir al secretario como "pulcro, meticuloso y riguroso", lo que les hacía extrañar que no hubiera advertido irregularidades de haberlas.