Siete de cada diez viviendas vacacionales en Buenavista del Norte operan de forma irregular
El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha detectado que siete de cada diez viviendas vacacionales del municipio operan con irregularidades administrativas, iniciando un plan de control para regularizar el sector y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
La radiografía del sector del alquiler vacacional en Buenavista del Norte ha arrojado un escenario de alta irregularidad, según los datos recabados por el propio Ayuntamiento en su reciente Plan Municipal de Comprobación y Control. Tal y como recoge la documentación municipal, siete de cada diez inmuebles destinados a este uso presentan algún tipo de deficiencia administrativa o incumplimiento normativo, una cifra que pone de manifiesto las dificultades históricas para armonizar la actividad turística con el marco legal vigente en Canarias.
El diagnóstico, que se prolongará durante los próximos cuatro años, sitúa el foco sobre un censo de 107 residencias. De este total, la administración local ha constatado que únicamente 32 cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, incluyendo la declaración responsable, la comunicación previa de actividad clasificada y el informe técnico favorable. En el extremo opuesto, 59 de estos alojamientos operan sin haber presentado documentación alguna ante el consistorio, una situación que el plan atribuye a la falta de sincronización entre los distintos niveles de la administración pública.
Este despliegue de control, que responde a la obligación impuesta por la Ley 6/2025 de regularizar el parque de viviendas vacacionales antes del pasado 13 de agosto, no se limita a una mera revisión turística. La estrategia municipal integra a las áreas de Urbanismo, Policía Local y servicios jurídicos para ejecutar un proceso que abarca desde el cruce de bases de datos hasta inspecciones presenciales. El objetivo es establecer un sistema de prioridades donde las viviendas con indicios de incompatibilidad urbanística, riesgos para la seguridad o denuncias vecinales ocuparán el primer nivel de actuación, frente a las comprobaciones aleatorias que conformarán el nivel inferior.
El procedimiento contempla un abanico de medidas coercitivas que van desde la exigencia de subsanación de errores hasta la orden de cese de actividad, pasando por la posible derivación de expedientes a la Agencia Tributaria. A pesar de la contundencia de estas herramientas, el plan municipal carece actualmente de una partida presupuestaria específica y de un calendario anual predefinido, delegando la operatividad en la capacidad de gestión de los departamentos implicados.
La relevancia de este plan trasciende el ámbito local, pues se erige como un banco de pruebas para la aplicación de la normativa autonómica. Al término de su vigencia, el Ayuntamiento deberá rendir cuentas mediante una memoria detallada que cuantifique el impacto de las inspecciones, las sanciones impuestas y el grado de restablecimiento de la legalidad urbanística logrado. Este ejercicio de transparencia será, en última instancia, el indicador que determine si la actual estructura administrativa es suficiente para ordenar un mercado que, hasta la fecha, ha operado en gran medida al margen de la supervisión municipal.