La Audiencia de Barcelona ratifica una indemnización de tres millones al Cabildo de Tenerife frente a Aura Energía

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado el derecho del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife (CIATF) a percibir una compensación económica cercana a los tres millones de euros, tras el litigio derivado de la ruptura unilateral de un contrato de suministro eléctrico por parte de la mercantil Aura Energía. Según adelanta la información judicial, el fallo judicial zanja una disputa iniciada tras el concurso de acreedores de la suministradora, validando la postura de la administración insular frente a la pretensión de la empresa de eludir sus responsabilidades contractuales.

El tribunal ha determinado la calificación del crédito del Cabildo en dos tramos diferenciados: una partida de 1,4 millones de euros bajo la categoría de privilegio general y una cuantía equivalente considerada como crédito ordinario. Esta resolución judicial revoca, en la práctica, la estrategia de defensa de la adjudicataria, que intentó justificar el abandono del servicio alegando un desequilibrio financiero sobrevenido por el encarecimiento de los costes energéticos en el mercado mayorista. La justicia ha desestimado este argumento al no hallar una relación de causalidad directa que eximiera a la empresa de sus obligaciones, calificando el incumplimiento como culpable.

El conflicto se remonta a finales de 2021, cuando la compañía, que había suscrito un acuerdo de suministro en noviembre de 2019 con una vigencia inicial de dos años, notificó su incapacidad para continuar con la prestación. Pese a que la entidad había manifestado inicialmente su intención de prorrogar el vínculo contractual, procedió a derivar el servicio a un tercero sin el consentimiento del organismo público. Ante esta situación, el CIATF optó por la resolución del contrato en julio de 2022, cuantificando los daños y perjuicios derivados de la interrupción en 2,9 millones de euros.

Este caso pone de relieve la complejidad de los contratos públicos de suministro en contextos de alta volatilidad de precios. La normativa vigente en el ámbito de la contratación pública establece que, ante una resolución contractual por causas imputables al adjudicatario, la administración tiene la potestad de exigir una indemnización que cubra los perjuicios ocasionados, siempre que la cifra supere el importe de la garantía depositada inicialmente. Aunque el proceso administrativo previo se vio afectado por errores en los plazos de comunicación a la autoridad concursal, la Audiencia Provincial ha terminado por reconocer la legitimidad del Cabildo para reclamar el resarcimiento, equiparándolo al resto de acreedores en el marco del proceso concursal de Aura Energía.