Desarticulada una red que traficaba con 700 toneladas de residuos peligrosos desde Canarias a África
La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una red que traficaba ilegalmente con 736 toneladas de residuos peligrosos desde Canarias hacia África mediante la falsificación de documentos.
La desarticulación de una red dedicada al tráfico ilícito de residuos desde Canarias hacia el continente africano pone de manifiesto las vulnerabilidades en los controles de exportación de mercancías peligrosas. Tal y como han comunicado la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, la operación ha culminado con la investigación de 32 personas y cuatro entidades mercantiles radicadas en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, bajo la sospecha de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El núcleo de la actividad delictiva, según los datos oficiales, consistía en el envío sistemático de 650 toneladas de materiales catalogados como peligrosos, además de otras 86 toneladas de residuos convencionales, valorados en conjunto en 800.000 euros. La operativa se sustentaba en una compleja arquitectura de falsedad documental que permitía camuflar desechos industriales bajo la apariencia de bienes de segunda mano. Entre los elementos interceptados destacan componentes de sistemas de refrigeración —como motores y compresores— que carecían del tratamiento de descontaminación obligatorio, lo que supone un riesgo directo de emisión de gases nocivos a la atmósfera. Asimismo, la red gestionaba el traslado de repuestos automovilísticos y cerca de 38 toneladas de extintores, además de vehículos pesados y ligeros, valiéndose de facturación irregular para eludir los protocolos de inspección portuaria en Santa Cruz de Tenerife.
Este caso subraya la creciente preocupación por el cumplimiento del Convenio de Basilea, el tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. La normativa europea es especialmente estricta con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuya exportación sin una gestión previa adecuada contraviene los estándares de protección ambiental y salud pública.
La estructura jerárquica del grupo, de acuerdo con las pesquisas, se dividía en dos nodos operativos: uno en Gran Canaria, centrado en la logística y la gestión administrativa de los contenedores, y otro en Tenerife, encargado de la captación de los residuos y la obtención de la documentación necesaria para legitimar los envíos. Para sostener este circuito, la organización recurría al uso instrumental de empresas, emitiendo facturas a nombre de terceros que, en ocasiones, desconocían su implicación en la trama. Este modus operandi no solo facilitaba la salida de los contenedores, sino que dificultaba la trazabilidad de los residuos una vez abandonaban el territorio nacional, trasladando el impacto ambiental de esta gestión negligente a terceros países.