Desalojan un asentamiento irregular en la costa de Granadilla de Abona ante la persistencia de las ocupaciones
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona y la Dirección Provincial de Costas han desalojado un asentamiento en la costa de Los Abrigos, evidenciando la necesidad de implementar una vigilancia permanente ante la recurrente reocupación de los espacios protegidos en el sur de Tenerife.
La gestión del litoral en el sur de Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate administrativo tras una nueva intervención en el municipio de Granadilla de Abona. Según adelanta la prensa local, el Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Costas han ejecutado un operativo de desalojo y limpieza en el tramo comprendido entre La Mareta y Agua Dulce, en la localidad de Los Abrigos. Esta acción, que contó con el despliegue de la Policía Local, la Guardia Civil y efectivos de Sermugran, se saldó sin altercados, toda vez que la decena de personas que pernoctaban en la zona accedieron a retirarse de manera voluntaria tras haber sido notificadas con antelación.
Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una dinámica recurrente en la costa granadillera, donde la presión sobre el dominio público marítimo-terrestre choca con la precariedad habitacional. Se trata de la cuarta actuación de esta naturaleza en el mismo sector durante los últimos ejercicios, evidenciando una problemática estructural: la tendencia a la reocupación inmediata de los enclaves tras las labores de limpieza. Ante la ineficacia de las intervenciones puntuales, la Dirección Provincial de Costas admite la necesidad de transitar hacia un modelo de vigilancia permanente, reconociendo que el control esporádico resulta insuficiente para garantizar la integridad de estos espacios protegidos.
La complejidad del fenómeno se extiende más allá de Los Abrigos. El municipio concentra otros puntos críticos, siendo el entorno del barranco de Los Balos y las inmediaciones de la cueva del Hermano Pedro los enclaves de mayor densidad, con una población estimada de un centenar de personas. La resolución de esta situación exige una coordinación interadministrativa compleja, que involucra al Consejo Insular de Aguas y a las áreas de Medio Natural. Actualmente, el Consistorio se encuentra a la espera de la tramitación de los permisos pertinentes para poder actuar en estas zonas, donde la vulnerabilidad social y la protección del patrimonio natural convergen en un desafío de difícil encaje legal y asistencial.