La Audiencia de Cuentas alerta de deficiencias en la gestión del patrimonio público en los grandes municipios de Tenerife
La Audiencia de Cuentas de Canarias advierte de deficiencias estructurales y falta de registro formal en el patrimonio público de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona, comprometiendo la seguridad jurídica de sus activos.
La gestión del patrimonio público en los grandes municipios de Tenerife presenta deficiencias estructurales que comprometen la seguridad jurídica de sus activos, según se desprende del último informe de fiscalización remitido este jueves por la Audiencia de Cuentas de Canarias al Parlamento regional. El documento, que examina el ejercicio 2022, pone el foco en las tres localidades de la isla con más de 75.000 habitantes —Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Arona—, revelando una brecha entre la publicidad de los datos y la realidad administrativa de sus inventarios.
El presidente del organismo fiscalizador, Pedro Pacheco, ha subrayado durante la presentación del texto la existencia de obstáculos técnicos que impiden una auditoría completa. La irregularidad más recurrente es la ausencia de inscripción formal en el Registro de la Propiedad de una parte considerable de los inmuebles que integran el dominio público municipal. Esta carencia no es menor, ya que la falta de registro dificulta la protección jurídica de los bienes frente a terceros y complica la correcta valoración contable de los activos que gestionan los ayuntamientos.
Si bien los tres consistorios cumplen con el marco normativo vigente en materia de transparencia, al volcar la información patrimonial en sus respectivos portales digitales, el análisis de la Audiencia de Cuentas advierte que la disponibilidad de datos no equivale a una gestión eficiente. El informe constata una disparidad notable en la madurez de los sistemas de control interno y en la digitalización de los inventarios entre los tres municipios analizados. Esta heterogeneidad en los procesos administrativos sugiere que, a pesar de la voluntad de apertura informativa, las herramientas de gestión interna no han alcanzado aún la homogeneidad necesaria para garantizar un control riguroso del patrimonio local.
Ante este escenario, el órgano fiscalizador ha emitido una serie de recomendaciones técnicas dirigidas a los gobiernos municipales, instándoles a corregir las carencias detectadas. La regularización de la titularidad registral y la optimización de los sistemas de inventariado se perfilan como los retos inmediatos para estas administraciones, con el fin de alinear su gestión patrimonial con los estándares de seguridad y transparencia que exige la normativa autonómica.