Exigen a Santa Cruz desmantelar carriles bici y Zona Urban y recuperar 2 millones

La asociación de vecinos El Perenquén y el abogado Felipe Campos pidieron ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que desmonte la red de carriles bici del centro de la ciudad y recupere los casi 2 millones de euros que se invirtieron en ella. También exigen que se rescinda el contrato con la empresa que realizó la obra, la cual fue paralizada en noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Esta petición también se extiende a la Zona Urban. Han anunciado que tomarán acciones legales si el Ayuntamiento no abre al tráfico las calles peatonales del centro, que están cerradas con pilonas y jardineras, y que, según ellos, limitan la libertad de movimiento de los ciudadanos.

Campos explicó que, al anularse la nueva ordenanza de Movilidad (la que obligó a parar el carril bici), es ilegal mantener la Zona Urban. Esta zona se creó en los años 90 sin ninguna base legal. Con la ordenanza que se ha anulado, se intentaba legalizar esta situación, pero al caer la norma, la Zona Urban también debe desmontarse, igual que el carril bici.

Sobre el carril bici, Campos detalló que el Ayuntamiento ha retirado recientemente el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló la ordenanza. Por eso, creen que ahora el Ayuntamiento debe seguir los pasos que ellos proponen. Si no lo hace, tendrán que obligarle por la vía legal.

El abogado recordó que en marzo, gracias a una denuncia de El Perenquén, el TSJC anuló la ordenanza de Movilidad. La razón fue que no incluía un informe sobre cómo afectaría a los ciudadanos, ya que limitaba sus libertades. Al anularse esta norma, que también regulaba el carril bici, la asociación pidió que la sentencia se aplicara de forma provisional y, como medida urgente, que se pararan las obras en el centro de la ciudad.

Sin embargo, Campos afirmó que el Ayuntamiento intentará de nuevo imponer el carril bici con una nueva ordenanza que ya está redactando. Según él, esto no es legítimo desde un punto de vista democrático, ya que quieren imponer una medida restrictiva a la que la mayoría de la gente se opone.

Además, Campos destacó que sigue adelante el recurso que presentaron contra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para él, esta medida, que se justifica en reducir la contaminación (algo que considera falso porque no hay tal contaminación), solo busca eliminar coches y aparcamientos en la ciudad.

Por su parte, Silvia Barrera, presidenta de El Perenquén, calificó de “muy grave” que el Ayuntamiento tome decisiones que afectan a más de 9.000 vecinos y comerciantes del centro de la ciudad.