Condenan a dos años de prisión al exgerente de un restaurante en Arona por apropiación indebida de 71.000 euros
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de prisión y al pago de 71.000 euros al exgerente de un restaurante en Arona por apropiarse de dinero mediante la manipulación del sistema informático de facturación.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria contra el antiguo responsable de gestión de un establecimiento hostelero en Arona, imponiéndole una pena de dos años de prisión y una sanción económica de 71.000 euros por un delito de apropiación indebida, además de una multa adicional de 1.600 euros. Según ha trascendido a través de la resolución judicial, el fallo ya ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El núcleo del litigio reside en la manipulación sistemática del sistema informático de facturación del local entre mayo de 2016 y junio de 2018. El tribunal considera probado que el procesado, aprovechándose de su posición jerárquica y de su conocimiento técnico sobre el software de gestión, alteraba el registro de las comandas para ocultar ventas reales. El modus operandi consistía en eliminar pedidos del sistema tras haber sido servidos, lo que permitía al encausado apropiarse del efectivo abonado por los clientes sin que este quedara reflejado en el arqueo de caja.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de gestión en el sector servicios cuando los protocolos de seguridad interna son laxos o carecen de una trazabilidad estricta. La defensa del acusado sostuvo durante el proceso que las capacidades técnicas del trabajador eran limitadas y cuestionó la fiabilidad del sistema de claves de acceso, alegando que el uso de códigos personales no era una práctica extendida entre la plantilla. Sin embargo, el análisis pericial aportado a la causa resultó determinante: los expertos detectaron un incremento anómalo del 59% en las cancelaciones de facturas durante el periodo investigado, una tendencia que se correlacionaba directamente con la etapa en la que el condenado ocupó el puesto de gerencia.
La cuantificación del perjuicio económico ha sido objeto de debate. Mientras que el condenado admitió haber desviado unos 4.000 euros para sufragar invitaciones a clientes, los informes periciales presentados ante la sala elevaron la cifra total a 71.000 euros, desglosados en 17.000 euros en 2016, 33.500 euros en 2017 y cerca de 21.000 euros en el último ejercicio. Un elemento que el tribunal ha valorado como indicativo de la voluntad del procesado fue su reacción tras ser descubierto en julio de 2018, momento en el que solicitó la mediación de su superior para conservar el empleo, ofreciendo un plan de restitución del dinero y vinculando su conducta a una adicción al juego.
Este tipo de delitos, tipificados bajo la figura de la apropiación indebida, requieren para su persecución penal una prueba robusta de la intención de lucro y el perjuicio patrimonial, elementos que en este caso han quedado acreditados mediante la auditoría de los registros informáticos y el análisis de la operativa diaria del restaurante. La resolución judicial subraya cómo el acceso privilegiado a las herramientas de gestión puede convertirse en un vector de riesgo para la viabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas si no se implementan auditorías externas o controles de acceso más rigurosos.