Vecinos de Arona denuncian inseguridad y degradación por el asentamiento informal en la Montaña de Guaza

Vecinos de Arona denuncian inseguridad y degradación por el asentamiento informal en la Montaña de Guaza

Recurso: Diario de Avisos

Vecinos de Arona denuncian una situación de inseguridad y degradación ambiental ante la inacción institucional frente a la expansión de un asentamiento informal en la Montaña de Guaza.

La convivencia en el entorno de la Montaña de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona, atraviesa un punto crítico. Tal y como ha avanzado la prensa local, los residentes de las urbanizaciones colindantes —entre ellas Mirador, Royal Palm y Playa Graciosa— han elevado una queja formal ante la falta de respuesta institucional frente a la expansión de un asentamiento informal que se extiende a escasos metros de sus viviendas. La problemática, que según la administración de las comunidades afectadas impacta directamente en el bienestar de unos 3.000 vecinos, pone de manifiesto las dificultades de las autoridades locales para gestionar la ocupación de terrenos rústicos en zonas de alto valor ecológico.

El núcleo del conflicto reside en la proliferación de estructuras precarias, levantadas con materiales como palés, que han pasado de ser ocupaciones puntuales a convertirse en un poblado con cerca de 200 personas. Los residentes describen un escenario de creciente inseguridad, marcado por episodios de conflictividad, amenazas y una degradación ambiental evidente, evidenciada por la acumulación de residuos y el registro de incendios recurrentes, el último de ellos durante el pasado fin de semana. A esta situación se suma el impacto en las infraestructuras privadas, donde se han reportado conexiones ilícitas a las redes de agua y electricidad, obligando a las comunidades a restringir el acceso a sus cuartos técnicos por motivos de seguridad.

Desde una perspectiva administrativa, el caso se encuentra en un limbo competencial. Mientras que el Cabildo de Tenerife, tras realizar las inspecciones pertinentes, sostiene que el asentamiento se ubica en suelo rústico de titularidad privada y no dentro de los límites protegidos del Monumento Natural, el Ayuntamiento de Arona enfrenta dificultades para intervenir. Los servicios técnicos municipales argumentan que, al tratarse de construcciones sin cimentación ni movimientos de tierra, no se cumplen los requisitos legales para activar expedientes urbanísticos sancionadores, dejando la gestión de la limpieza y el desalojo en una zona gris.

Este escenario no solo afecta a la seguridad ciudadana, sino que genera una preocupación añadida por la proximidad al espacio natural protegido, hogar de especies en peligro de extinción como el lagarto gigante de Tenerife y el guincho. Ante la persistencia de la inacción administrativa, los vecinos han organizado una hoja de ruta reivindicativa que incluye su presencia en el pleno municipal del próximo 26 de noviembre y la convocatoria de movilizaciones. La situación refleja un desafío recurrente en Canarias: la colisión entre el derecho a la propiedad privada, la protección del patrimonio natural y la gestión de la exclusión social en entornos urbanos tensionados.