Arona: Abancalamiento bajo sospecha de minería ilegal tras 10 años de quejas.

Una actividad de movimientos de tierra en Arona, inicialmente autorizada como abancalamiento, ha sido objeto de informes municipales que sugieren su naturaleza de extracción minera, generando una década de quejas vecinales y un debate sobre su legalidad y control. Alrededor de 200 residentes de tres urbanizaciones colindantes a la parcela, situada en Parque La Reina, denuncian un menoscabo significativo en su calidad de vida debido a las molestias persistentes, según ha trascendido.

Los afectados, que residen en las proximidades de la calle Envolvente, donde se ubica el terreno de más de 100.000 metros cuadrados, describen un entorno marcado por las sacudidas continuas, la presencia constante de partículas en el aire y el estruendo de vehículos pesados desde primeras horas de la mañana. Estas condiciones, que se prolongan desde hace casi una década, han provocado, según los vecinos, daños estructurales en sus viviendas, como el levantamiento de suelos y el desprendimiento de azulejos. La parcela, clasificada en el Catastro como suelo rústico de uso agrario, se encuentra a escasos metros de zonas residenciales y del IES Montaña de Guaza.

Frente a las reclamaciones vecinales, la empresa responsable de los trabajos sostiene que la actividad corresponde a labores de acondicionamiento del terreno, destinadas a la preparación del suelo para un uso agrícola posterior, y que se encuentra en su fase final. La compañía señala que en el terreno operan dos empresas con las autorizaciones pertinentes y que la licencia no puede ser revocada hasta la conclusión de la obra, momento en el que se verificaría el cumplimiento de los parámetros exigidos. Asimismo, la empresa asegura haber intensificado las medidas correctoras, como el aumento de aspersores para mitigar el polvo, y haber programado la fase de trabajo más cercana a las viviendas para el tramo final, con el fin de minimizar las afecciones.

Los residentes, por su parte, exigen la paralización inmediata de la actividad y demandan mayor información y transparencia sobre la legalidad y el control de una explotación que condiciona su día a día. Relatan que las excavadoras y camiones de gran tonelaje operan desde las siete de la mañana, generando un ruido incesante. La presencia de polvo en suspensión es tal que comparan la situación con una calima perpetua, impidiendo incluso el tendido de ropa al aire libre. El impacto, subrayan, trasciende lo material, afectando a la salud de personas mayores con dolores de cabeza persistentes y llevando a muchos a abandonar sus hogares.

Ante la falta de soluciones, las quejas formales se intensificaron hace dos años, con denuncias presentadas ante diversas administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de Arona, el Defensor del Pueblo, la Diputación del Común, el Cabildo de Tenerife y la Agencia de Medio Ambiente, además de reclamaciones individuales y colectivas con recogida de firmas. Los vecinos afirman no haber recibido respuestas efectivas hasta la fecha.

Desde el Ayuntamiento de Arona, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, ha reconocido la legitimidad de las quejas vecinales, aunque ha aludido a cierta "desinformación" en torno al caso. Baute ha explicado que la licencia de abancalamiento fue concedida en 2018 a la empresa Marante Excavaciones, tras certificar que contaba con los permisos necesarios, y que la autorización se circunscribía exclusivamente a labores de abancalamiento. Sin embargo, una diligencia urbanística incoada por su área desliza que la actividad que se desarrolla en la parcela se corresponde, en la práctica, con una extracción de carácter minero, superando los cuatro metros de altura máxima permitidos para movimientos de tierra.

El edil ha aclarado que el consistorio no es el órgano competente para sancionar este tipo de actividades y que los informes recabados serán remitidos a la Dirección General de Industria y Minas del Gobierno de Canarias. No obstante, Baute ha señalado que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de suspender la licencia por daños medioambientales, una medida que, en principio, consideran viable.