Más por Arona denuncia la inseguridad en el CEIP Las Galletas y exige medidas urgentes al gobierno local
El grupo municipal Más por Arona exige al gobierno local reforzar la seguridad en el CEIP Las Galletas tras registrarse reiteradas incursiones ilícitas y un aumento de la inseguridad en la zona.
La seguridad en los centros educativos de Arona se ha convertido en el epicentro de una creciente controversia política, tras conocerse la sucesión de incidentes en el CEIP Las Galletas. Según ha hecho público el grupo municipal Más por Arona, el colegio ha sido objeto de diversas incursiones ilícitas durante las últimas fechas, centradas principalmente en las instalaciones destinadas al alumnado de Educación Infantil.
El análisis de los hechos apunta a una vulnerabilidad estructural en el recinto, cuyos accesos estarían siendo vulnerados mediante el salto del muro perimetral que linda con la plaza adyacente. Más allá de la sustracción de material pedagógico, la formación política vincula estos episodios con un deterioro generalizado de la convivencia en la localidad, donde se ha reportado un incremento en la incidencia de hurtos en establecimientos comerciales, viviendas particulares y casos de intimidación a residentes.
Esta situación ha derivado en un enfrentamiento directo con el equipo de gobierno local, integrado por el Partido Popular, Coalición Canaria y Vox. La oposición ha cuestionado la gestión de la alcaldesa, Fátima Lemes, reprochándole que recurra a la falta de atribuciones competenciales como argumento para eludir la implementación de soluciones efectivas. En el marco de la Ley de Bases del Régimen Local, si bien la seguridad ciudadana es competencia estatal, los ayuntamientos ostentan responsabilidades en materia de vigilancia de edificios públicos y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un punto que Más por Arona utiliza para exigir una mayor proactividad.
La demanda del grupo municipal se articula en torno a tres ejes: el incremento de la presencia policial en el entorno, la adecuación de las medidas de protección física en el colegio y una interlocución más fluida entre las distintas administraciones públicas. La formación subraya que la protección de los menores en el ámbito escolar debe prevalecer sobre cualquier limitación administrativa, instando al ejecutivo local a abandonar la pasividad ante una problemática que, a juicio de los denunciantes, ha superado el umbral de lo tolerable para la comunidad educativa y los vecinos de la zona.