Arona se enfrenta al desahucio de un paciente oncológico ante la falta de alternativas habitacionales
Un paciente oncológico de 70 años que percibe el Ingreso Mínimo Vital se enfrenta a un desahucio en Arona ante la falta de alternativas habitacionales y la saturación de los servicios sociales insulares.
La precariedad habitacional en el sur de Tenerife vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de protección social ante situaciones de extrema vulnerabilidad. Tal y como ha avanzado el periódico Diario de Avisos, un hombre de 70 años, paciente oncológico y perceptor exclusivo del Ingreso Mínimo Vital, se enfrenta el próximo 22 de octubre a una orden de desahucio en el núcleo de Guaza, en el municipio de Arona. Este caso no solo representa un drama personal, sino que evidencia las costuras de un sistema de atención que, pese a la intervención municipal, se muestra incapaz de ofrecer una alternativa habitacional digna a tiempo.
Desde el pasado mes de mayo, los servicios sociales de Arona han intentado frenar el lanzamiento judicial mediante la emisión de informes técnicos que subrayan la incompatibilidad del inmueble —catalogado como taller— con las necesidades sanitarias del afectado. La estrategia del Consistorio se ha centrado en acreditar ante el juzgado la vulnerabilidad del paciente para lograr una suspensión, argumentando que el espacio actual carece de las condiciones mínimas de salubridad requeridas para un tratamiento oncológico. Sin embargo, la burocracia y la falta de plazas disponibles han bloqueado cualquier solución inmediata.
El problema trasciende la capacidad de gestión local. La dependencia de recursos insulares, gestionados por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), sitúa al afectado en una lista de espera marcada por la saturación crónica de la red sociosanitaria en la comarca. A pesar de que el Ayuntamiento ha tramitado las derivaciones pertinentes hacia centros de convalecencia o geriátricos, la escasez de infraestructuras —agravada por la paralización de proyectos largamente prometidos, como los del Hospital del Sur— ha dejado al ciudadano en un limbo administrativo.
Este escenario pone de relieve la desconexión entre la normativa de protección frente a desahucios y la realidad operativa de los servicios públicos. Mientras que el modelo Housing First y otros dispositivos municipales ofrecen soluciones para perfiles generales de exclusión, los casos que requieren cuidados médicos especializados dependen de una red insular que, a día de hoy, se encuentra colapsada. A menos de una semana para la fecha señalada, la ausencia de una plaza asignada convierte este desahucio en un test crítico sobre la eficacia de la coordinación entre administraciones cuando la salud y el derecho a la vivienda colisionan.