La querella por prevaricación en Arona se extiende a la alcaldesa Fátima Lemes
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha sido incluida en una querella por presunta prevaricación administrativa ante la supuesta obstrucción deliberada en la tramitación de licencias urbanísticas que contaban con aval técnico.
La crisis institucional en el Ayuntamiento de Arona ha escalado de forma significativa en las últimas horas. Según ha trascendido a través de la documentación judicial presentada ante el Tribunal de Instancia de la localidad, la querella por presunta prevaricación administrativa que inicialmente señalaba a cuatro ediles de Coalición Canaria se ha extendido ahora hasta la figura de la alcaldesa, Fátima Lemes. Este movimiento procesal eleva la presión sobre el equipo de gobierno, al introducir la sospecha de una obstrucción deliberada en la gestión de licencias urbanísticas que, según los informes técnicos, cumplían con todos los requisitos legales para su aprobación.
El núcleo de la acusación reside en la gestión de los órdenes del día de la Junta de Gobierno Local. La parte demandante sostiene que, desde el pasado mes de julio, el expediente urbanístico en cuestión —que data originalmente de 2020 y se refiere a una actuación en el Camino Montaña Chayofita— contaba con el aval técnico y jurídico necesario para su resolución. Sin embargo, la querella apunta a que la regidora habría omitido sistemáticamente la inclusión de este asunto en las sesiones celebradas durante septiembre, a pesar de ostentar la potestad exclusiva para fijar el temario de dichos encuentros.
Lo que dota de especial relevancia jurídica a esta ampliación es el contraste con otros expedientes tramitados en el mismo periodo. Los querellantes han aportado pruebas que documentan cómo, en las reuniones de los días 1, 8 y 29 de septiembre, sí se dio curso a licencias de obra mayor solicitadas por otros promotores, entre ellos Metrovacesa y Canary Island Karting Club. Este hecho es utilizado por la acusación para argumentar que no existió una parálisis administrativa generalizada, sino una exclusión selectiva que, a su juicio, encaja en la figura de la prevaricación por omisión.
El conflicto tiene su origen en una solicitud de demolición y construcción de un centro sociocultural que, tras seis años de tramitación, alcanzó una propuesta favorable el pasado 6 de julio, condicionada a la constitución de un aval de 353.500 euros. Pese a este escenario, el asunto fue retirado de la agenda municipal en julio y, posteriormente, se solicitó un nuevo informe jurídico sobre aspectos que, según la defensa del empresario, ya habían sido validados.
Ante este escenario, la parte querellante ha solicitado formalmente que la alcaldesa comparezca en sede judicial en calidad de investigada. Asimismo, la estrategia legal busca esclarecer el proceso de confección de las convocatorias mediante la aportación de actas, grabaciones y la declaración testifical de la vicesecretaría general del Consistorio. El juzgado deberá ahora determinar la admisión a trámite de esta ampliación, en un caso que pone de relieve los límites de la discrecionalidad política en la toma de decisiones administrativas y las posibles consecuencias penales cuando el ejercicio de la potestad de convocatoria se utiliza para bloquear expedientes que cuentan con el respaldo de los servicios técnicos municipales.