Audiencia Nacional rechaza indemnización a vecino de Arona por detención.
La Audiencia Nacional desestima la demanda de un vecino de Arona que pedía 60.000 euros al Estado por daños morales tras su detención, validando la actuación de la Guardia Civil y condenándolo a pagar las costas.
Un vecino de Arona ha demandado al Estado, concretamente al Ministerio del Interior, pidiendo una indemnización de 60.000 euros. Alega haber sufrido daños morales tras ser detenido en su casa por dos agentes de la Guardia Civil. A estos agentes los acusa de allanamiento de morada, falsedad documental, detención ilegal, tortura y lesiones leves.
Este caso ha tenido un largo recorrido judicial. Comenzó en un juzgado de Arona y luego fue juzgado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia de este tribunal condenó a los dos agentes por entrar ilegalmente en la vivienda, pero los absolvió del resto de cargos. Por su parte, el denunciante fue absuelto de los cargos de atentado y lesiones.
Los guardias civiles recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo aceptó parcialmente el recurso y absolvió a los agentes del delito de allanamiento. Así, al final, ninguna de las partes implicadas fue condenada.
Sin embargo, el ciudadano volvió a recurrir el caso, esta vez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Su objetivo era determinar si los agentes habían actuado de forma ilegal y si él no tenía por qué soportar esa actuación.
El tribunal se basó en el argumento del Supremo, que consideró legítima la detención del demandante. Esto se debió a su "conducta irrespetuosa y desafiante hacia los agentes" tras haber provocado un conflicto previo en las zonas comunes de la urbanización donde reside y de la que es presidente.
Se alertó a la Guardia Civil y los agentes intentaron identificarlo. Como no llevaba documentación, lo acompañaron a su piso para que se identificara. Los agentes confiscaron el móvil de su esposa, que los estaba grabando, y detuvieron al hombre por insistir en su actitud.
Ahora, la Audiencia Nacional respalda la decisión del Supremo, que señaló que la entrada en el piso fue "fugaz", con el único fin de incautar la cámara y realizar la detención.
Finalmente, el tribunal desestimó la reclamación de indemnización al Estado y condenó al ciudadano a pagar las costas del proceso.