El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Arona bloquea sanciones de 100.000 euros a la empresa de limpieza
El PSOE de Arona denuncia que el gobierno local mantiene bloqueado desde hace cuatro meses un expediente sancionador de 100.002 euros contra la empresa de limpieza por graves incumplimientos contractuales.
La gestión del contrato de limpieza en Arona se encuentra bajo escrutinio tras las recientes advertencias lanzadas por el grupo municipal socialista. Según ha trascendido a través de la formación, el equipo de gobierno local mantiene bloqueado desde hace más de cuatro meses un procedimiento sancionador contra la UTE Limpieza Arona, la firma encargada de higienizar colegios, oficinas y centros deportivos desde el pasado 1 de enero de 2025.
El núcleo de la controversia reside en un informe técnico con fecha de 27 de abril de 2026, el cual recomendaba aplicar dos sanciones económicas de 50.001 euros cada una, elevando el montante total a 100.002 euros. Estas penalizaciones se fundamentan en dos carencias operativas específicas: la inexistencia de un sistema digital para registrar la asistencia de los empleados en los centros y la falta de la flota de vehículos que la empresa se comprometió a aportar en el pliego de condiciones.
La situación adquiere una dimensión política relevante al coincidir con el inicio del calendario académico. El PSOE, liderado por José Julián Mena, ha denunciado que, a las deficiencias técnicas ya documentadas, se suma una gestión deficiente de los recursos humanos, señalando periodos superiores a diez días sin cubrir las bajas laborales del personal. Este episodio no es aislado, dado que la adjudicataria ya fue sancionada con 12.002 euros a finales de 2025, una medida que, a juicio de la oposición, no ha servido para corregir las irregularidades que los servicios municipales han calificado como de alta gravedad.
Desde una perspectiva administrativa, la parálisis de este expediente plantea interrogantes sobre la capacidad de fiscalización del Ayuntamiento. El contrato, valorado en más de diez millones de euros, exige un control riguroso por parte de la administración local, especialmente cuando se trata de servicios esenciales en instalaciones públicas. La falta de resolución del expediente ha llevado a Mena a interpelar directamente a la alcaldesa, Fátima Lemes, exigiendo explicaciones sobre las razones que han motivado el archivo temporal de las sanciones y reclamando una intervención inmediata que garantice la calidad del servicio en los centros educativos y dependencias municipales del municipio.