Impugnado el contrato de mantenimiento de edificios y vías públicas en Arona por 10,6 millones
La adjudicación del contrato de mantenimiento de edificios y vías públicas en Arona, valorado en 10,6 millones de euros, ha sido recurrida, generando una nueva crisis administrativa que pone en riesgo la estabilidad del servicio y de su plantilla.
La gestión de los grandes contratos públicos en el Ayuntamiento de Arona vuelve a estar bajo el foco tras la reciente admisión a trámite de un recurso administrativo contra la adjudicación del servicio de mantenimiento de edificios y vías públicas. Tal y como recoge la información difundida por el grupo municipal Más por Arona, la licitación, que fue otorgada a Acciona Mantenimiento de Infraestructuras por un importe de 10,6 millones de euros para un periodo de cuatro años, se encuentra ahora en una situación de inseguridad jurídica que amenaza la continuidad de las prestaciones.
Este escenario no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de dificultades administrativas que han marcado la actual legislatura. La oposición ha señalado que la impugnación, presentada por la mercantil que obtuvo la segunda mejor puntuación en el concurso, pone en riesgo la estabilidad laboral de una plantilla compuesta por cerca de 60 personas. Para los representantes de Más por Arona, este conflicto es el síntoma de una planificación deficiente y una tramitación precipitada por parte del tripartito que encabeza Fátima Lemes, una coalición formada por el Partido Popular, Coalición Canaria y Vox.
La preocupación de los grupos de la oposición se fundamenta en la recurrencia de estos problemas en expedientes de gran calado. Cabe recordar que, apenas el pasado mes de septiembre, el Pleno municipal se vio obligado a retrotraer el contrato de mantenimiento de zonas verdes debido a errores en el cálculo de los costes de personal. A este historial de incidencias, la formación añade las denuncias interpuestas desde enero sobre el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, donde se han señalado presuntos incumplimientos por parte de la concesionaria ante una supuesta falta de fiscalización por parte del Ejecutivo local.
Desde una perspectiva técnica, la judicialización de estos contratos no solo paraliza la ejecución de las mejoras previstas en el municipio, sino que genera un impacto directo sobre el interés general. La falta de un control efectivo sobre las concesiones públicas suele derivar en una degradación de los servicios básicos, afectando tanto a la calidad de vida de los vecinos como a la seguridad jurídica necesaria para que las empresas operen con normalidad. Ante este panorama, la oposición ha instado al equipo de gobierno a realizar una revisión profunda de sus procedimientos de contratación, advirtiendo que los errores en la gestión administrativa terminan trasladándose, inevitablemente, a los trabajadores y a la ciudadanía.