Vox exige un plan urgente en Arona ante la proliferación de asentamientos irregulares y el sinhogarismo
Vox exige en Arona un protocolo urgente para erradicar los 22 asentamientos irregulares detectados en el municipio ante la grave crisis habitacional y la degradación urbanística que sufre la zona.
La crisis habitacional que atraviesa el sur de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión en Arona, donde la proliferación de asentamientos irregulares se ha convertido en una prioridad política de primer orden. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el grupo municipal de Vox —socio de gobierno junto a Partido Popular y Coalición Canaria— ha exigido la puesta en marcha de un protocolo de actuación urgente para revertir la degradación urbanística y social que sufre el municipio.
El diagnóstico de la situación se sustenta en un reciente informe técnico que sitúa a esta localidad como el segundo enclave de la isla con mayor índice de sinhogarismo y exclusión residencial. El documento contabiliza hasta 22 núcleos de infraviviendas dispersos por el término municipal, una cifra que refleja la incapacidad del mercado inmobiliario local para absorber la demanda de vivienda asequible. Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, es el resultado de una presión demográfica sostenida y el auge del sector turístico, factores que han desplazado a los residentes locales hacia espacios no aptos para el uso habitacional, como barrancos o suelos rústicos protegidos.
Desde la formación proponente, sus representantes, Naím Yánez y Melania Santos, han señalado la inacción institucional como el principal catalizador de esta problemática. La propuesta de Vox no se limita a la intervención policial o al desmantelamiento de los enclaves —entre los que destacan puntos críticos como el entorno de la Montaña de Guaza o el área de Los Vivitos—, sino que aboga por una estrategia transversal. Esta hoja de ruta exigiría la implicación directa de las administraciones insulares y autonómicas, así como de la Delegación del Gobierno, para combinar la recuperación ambiental de los terrenos con una respuesta asistencial que atienda la vulnerabilidad de quienes habitan estas zonas.
El debate pone de manifiesto la complejidad de gestionar el territorio en municipios turísticos, donde la escasez de oferta de alquiler y el encarecimiento de los precios han consolidado poblados que, en origen, eran precarios y que hoy presentan una estructura estable. La dificultad añadida de los procedimientos administrativos y judiciales para frenar nuevas ocupaciones en tiempo real ha terminado por enquistar un problema que, según advierten los actores políticos locales, requiere de una respuesta coordinada para evitar que la ocupación irregular se normalice como una solución habitacional de facto en el sur de la isla.