Querella contra cuatro tenientes de alcalde de Arona por presunta prevaricación en la gestión urbanística
Cuatro tenientes de alcalde de Coalición Canaria en Arona han sido denunciados por presunta prevaricación administrativa debido a la paralización injustificada de un expediente urbanístico en Los Cristianos durante seis años.
La gestión urbanística en el municipio tinerfeño de Arona vuelve a situarse bajo el foco de la justicia. Según ha trascendido recientemente, un empresario local ha interpuesto una querella criminal contra cuatro tenientes de alcalde pertenecientes a Coalición Canaria, a quienes acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa. La acción judicial, dirigida contra Clara María Pérez Pérez, Ruth Guacimara Martín López, Guacimara Tavío Fumero y Héctor Timoteo Reyes González, pone en entredicho la parálisis que sufre un expediente de edificación en Los Cristianos, cuya tramitación se prolonga ya durante un sexenio.
El núcleo de la controversia reside en la supuesta obstrucción deliberada de un proyecto sociocultural y recreativo en el Camino Montaña Chayofita. A pesar de que el expediente contaba con informes técnicos y jurídicos favorables —incluyendo una propuesta de resolución positiva emitida el pasado mes de julio—, la Junta de Gobierno Local optó por retirar el asunto del orden del día en dos ocasiones sucesivas. La parte querellante sostiene que esta decisión, justificada por los ediles bajo la necesidad de un "mejor estudio" y la solicitud de nuevos informes sobre la vigencia de un proyecto de urbanización de 1999, carece de sustento legal, dado que los aspectos técnicos ya habían sido validados por los servicios municipales.
Este caso ilustra la tensión recurrente en la administración local entre la discrecionalidad política y la obligatoriedad de resolver los procedimientos administrativos en los plazos legalmente establecidos. En el ámbito del derecho administrativo español, la prevaricación por omisión se configura cuando una autoridad, conociendo la existencia de un expediente completo y favorable, decide de forma arbitraria no dictar la resolución que le corresponde, causando con ello un perjuicio al administrado. La querella subraya que, tras seis años de espera desde la solicitud inicial en septiembre de 2020, la falta de una resolución expresa constituye una vulneración de los deberes inherentes al cargo público.
La estrategia procesal de la acusación busca ahora que el Juzgado de Instrucción de Arona esclarezca si existió una voluntad consciente de dilatar el proceso. Para ello, se ha solicitado la declaración en calidad de investigados de los cuatro concejales, así como la comparecencia de los técnicos que intervinieron en la tramitación. Asimismo, la querella reclama la aportación de toda la documentación administrativa, incluyendo las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno de julio de 2026, con el fin de determinar si la solicitud de nuevos informes jurídicos fue una maniobra dilatoria o una necesidad real.
Más allá de las posibles responsabilidades penales, el promotor advierte sobre el impacto económico derivado de esta inacción, reservándose el derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en instancias futuras. La admisión a trámite de esta querella abre ahora un periodo de investigación judicial que deberá dirimir si la actuación de los miembros del equipo de gobierno municipal se ajustó a la legalidad vigente o si, por el contrario, se incurrió en una arbitrariedad administrativa que ha bloqueado, durante años, una inversión privada en el sur de la isla.