Arona aprueba sus presupuestos de 138 millones en un pleno marcado por la expulsión de dos edilas del PSOE
El Ayuntamiento de Arona aprueba un presupuesto de 133,9 millones de euros en una tensa sesión plenaria marcada por la expulsión de dos concejalas socialistas y el enfrentamiento político sobre la gestión de vivienda.
La sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Arona para la ratificación de las cuentas municipales de este ejercicio ha estado marcada por una notable crispación institucional, según ha informado la prensa local. El debate, que culminó con la aprobación del presupuesto de 133,9 millones de euros —cifra que asciende a 138 millones en su versión consolidada—, se vio empañado por la expulsión de dos ediles del grupo socialista, Ruth Lorenzo y Sabina Mikaela Brito, tras sendos enfrentamientos con la alcaldesa, Fátima Lemes.
El conflicto dialéctico alcanzó su punto álgido cuando la regidora ordenó el desalojo de Lorenzo, quien se negó inicialmente a abandonar el hemiciclo, lo que obligó a requerir la presencia de la Policía Local. Previamente, la edil había sido amonestada por el uso de descalificaciones personales hacia la primera edil. Por su parte, la salida de Brito se produjo tras acumular tres advertencias por interrupciones reiteradas, una medida que la concejala cuestionó al considerar que el equipo de gobierno no aplicaba el mismo rigor disciplinario con sus propios miembros. El portavoz del PSOE, José Julián Mena, también fue objeto de llamadas al orden durante el transcurso de la sesión, llegando a solicitar la mediación de la secretaría del Pleno ante la tensión reinante.
Desde el equipo de gobierno, integrado por Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, se ha rechazado categóricamente la tesis de la oposición, que vinculaba las expulsiones con una maniobra estratégica para alterar las mayorías necesarias para la votación. La alcaldesa ha subrayado que el tripartito disponía de los apoyos suficientes desde el inicio de la sesión, al contar con 12 votos a favor y el voto de calidad de la presidencia, a pesar de la ausencia de una concejala de Más por Arona. La posición de Nueva Canarias, que optó por la abstención tras haber logrado la inclusión de diversas propuestas en el documento final, resultó determinante para el desenlace de la votación.
Más allá de la controversia procedimental, el presupuesto aprobado refleja una divergencia técnica y política sobre la gestión del patrimonio municipal. Mientras el ejecutivo local defiende que el documento es una hoja de ruta para la inversión en servicios públicos y barrios, con una partida de 8,5 millones de euros destinada a la adquisición de suelo para vivienda, los grupos de la oposición, PSOE y Más por Arona, han cuestionado la existencia real de dicha dotación presupuestaria, negando que existan fondos consignados para tal fin. Este desencuentro sobre la ejecución de las políticas de vivienda se perfila como uno de los ejes de confrontación política en el municipio para el presente mandato.