Polémica en Arona por una partida de 2,1 millones para la posible compra de un inmueble en Valle San Lorenzo
El PSOE de Arona cuestiona la transparencia de una partida presupuestaria de 2,1 millones de euros destinada a la posible compra de un inmueble, mientras el equipo de gobierno niega la operación y justifica el crédito como una medida para ampliar las instalaciones de la Policía Local.
La gestión del patrimonio municipal en Arona ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras las informaciones publicadas por Diario de Avisos, que ponen el foco sobre una posible operación inmobiliaria en la zona de Valle San Lorenzo. La controversia surge a raíz de una partida presupuestaria de 2,1 millones de euros, cuya finalidad ha sido cuestionada por el Grupo Socialista en el Consistorio, al advertir una notable diferencia de valor respecto a una transacción previa sobre el mismo activo.
El núcleo de la discrepancia reside en la cronología de los hechos. Según la documentación expuesta por la concejala Raquel García durante la última sesión plenaria, el expediente administrativo comenzó su curso el 8 de octubre de 2025. Apenas cinco semanas después, el 14 de noviembre, el inmueble en cuestión fue adquirido por un inversor privado. Los socialistas subrayan que este local había permanecido sin actividad comercial ni ofertas durante una década, lo que, a su juicio, arroja sombras sobre la transparencia del proceso. Asimismo, la oposición ha criticado la ausencia de un procedimiento de concurrencia pública que permitiera evaluar alternativas, así como la falta de informes técnicos y tasaciones oficiales que avalen la idoneidad de la inversión.
Desde el equipo de gobierno, integrado por PP, CC y Vox, se ha negado categóricamente la existencia de una compra formalizada. Fuentes municipales han aclarado que la partida de 2,1 millones de euros corresponde a una habilitación de crédito genérica, una herramienta contable que permite al Ayuntamiento contar con solvencia para futuras adquisiciones de carácter administrativo, sin que ello implique la vinculación a un activo inmobiliario concreto en este momento.
El Ejecutivo local justifica la necesidad de esta capacidad financiera ante la urgencia de ampliar las instalaciones de la Policía Local. Con la reciente incorporación de 31 nuevos efectivos a la plantilla, el Consistorio argumenta que la falta de espacio físico requiere soluciones inmediatas. Según la versión oficial, la búsqueda de un local —que tendría un carácter transitorio mientras se desarrolla la infraestructura definitiva— forma parte de una estrategia de gestión de recursos que aún no ha determinado qué inmuebles específicos serán objeto de estudio. Por tanto, el gobierno municipal sostiene que la ausencia de tasaciones o informes técnicos se debe, precisamente, a que el proceso de selección de activos todavía no ha concluido, desvinculándose así de las acusaciones sobre una supuesta operación dirigida.