El Ayuntamiento de Arona, marcado por la parálisis en infraestructuras y la fractura política en el pleno
El pleno del Ayuntamiento de Arona estuvo marcado por la parálisis en las obras de saneamiento de Guaza, la subrogación del aparcamiento de Los Cristianos y el rechazo mayoritario a una moción de Vox que pretendía prohibir el uso de prendas que cubren el rostro en dependencias municipales.
La gestión administrativa en el Ayuntamiento de Arona ha vuelto a quedar bajo el foco tras la última sesión plenaria, marcada por la fricción política y la parálisis de infraestructuras críticas. Tal y como recoge la información publicada sobre el pleno de marzo, el Consistorio afronta una situación de urgencia respecto a la red de saneamiento de Guaza, un proyecto que arrastra una década de dilaciones y cambios de ubicación sin que se haya movilizado un solo euro de los casi tres millones presupuestados.
La premura del equipo de gobierno por modificar las anualidades presupuestarias —trasladando fondos de 2026 a 2027— responde a una exigencia técnica impuesta por la Ley de Haciendas Locales, paso previo indispensable para solicitar al Cabildo Insular de Tenerife una nueva prórroga antes de que expire el plazo actual en mayo de 2026. Esta maniobra, ejecutada sin el dictamen previo de las comisiones informativas, fue duramente cuestionada por el PSOE, que denunció la falta de previsión en la tramitación de un expediente que, originalmente, debía ejecutarse en El Fraile antes de ser redirigido a Guaza.
En el ámbito de la gestión patrimonial, el pleno formalizó la subrogación de Acvil Aparcamientos SLU en la concesión del aparcamiento subterráneo de la calle Menéndez, en Los Cristianos. Este trámite administrativo, que data de un contrato de 1999, culmina el proceso de fusión por absorción de la empresa concesionaria original, garantizando la continuidad de las obligaciones contractuales bajo la nueva titularidad.
Sin embargo, el punto de mayor tensión dialéctica fue la moción presentada por Vox, que instaba a prohibir el acceso a dependencias municipales a personas con el rostro cubierto, citando explícitamente prendas como el niqab o el burka. La propuesta, que buscaba implementar una norma interna de identificación, fue rechazada por la mayoría de la corporación. El debate puso de manifiesto la fractura en el seno del gobierno municipal, ya que Coalición Canaria, socio de coalición de los proponentes, se desmarcó de la iniciativa al considerar que carece de justificación social en el municipio.
La oposición, por su parte, articuló un rechazo unánime basado en dos ejes: la ausencia de conflictos reales en la atención al público y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha invalidado anteriormente normativas locales de corte similar por contravenir derechos fundamentales. Mientras el Partido Popular intentó sin éxito reconducir la moción hacia una exigencia de identificación administrativa genérica, otros grupos como Más por Arona y Nueva Canarias calificaron la propuesta de incoherente, señalando que el texto ignoraba otras prendas de uso común que también dificultan la identificación, y advirtiendo sobre el riesgo de banalizar el debate político con cuestiones ajenas a la realidad administrativa de Arona.