Arona: 290 expedientes para restaurar la legalidad en asentamientos informales
El Ayuntamiento de Arona gestiona más de 290 expedientes para restaurar la legalidad en asentamientos informales como Lomo Negro, con derribos pendientes, y Los Vivitos, donde busca contener su expansión temprana.
El Ayuntamiento de Arona se enfrenta a un complejo desafío urbanístico y social, gestionando más de 290 expedientes administrativos destinados a la restauración de la legalidad en asentamientos informales. Esta situación, según ha trascendido, obliga al consistorio a adoptar estrategias diferenciadas ante la consolidación y expansión de núcleos como Lomo Negro y Los Vivitos.
La experiencia de Lomo Negro, un asentamiento con más de tres décadas de antigüedad en suelo rústico junto a El Fraile y hogar de más de 1.500 personas, ilustra la complejidad de estas intervenciones. En octubre de 2024, una veintena de viviendas ilegales fueron objeto de órdenes de restitución para que las parcelas recuperasen su condición inicial en un plazo de dos meses. Los recursos contencioso-administrativos presentados por los afectados no prosperaron. Sin embargo, en abril de 2025, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) suspendió los primeros derribos programados, alegando la incapacidad de asegurar la integridad del dispositivo tras la convocatoria de movilizaciones vecinales. La resolución del procedimiento recae ahora en la instancia judicial, pendiente de definir la modalidad de ejecución de dichas órdenes.
Con este precedente, el Ayuntamiento ha intensificado su capacidad de actuación en Los Vivitos, un enclave situado sobre Guaza y junto a la TF-1, cuyo crecimiento se ha acelerado en los últimos meses y donde residen alrededor de 200 personas. En este núcleo, se han abierto 107 expedientes, de los cuales el 96% ya han sido notificados, un paso crucial para avanzar en la instrucción y, en su caso, en las medidas de restablecimiento de la legalidad. La estrategia municipal pasa por iniciar los procedimientos en etapas tempranas, previniendo que las ocupaciones evolucionen hacia núcleos consolidados o parcelaciones que compliquen la reposición de la legalidad.
En paralelo, el Consistorio ha requerido formalmente a los propietarios de una de las parcelas afectadas —dos titulares con el 50% cada uno— el cumplimiento de su obligación legal de conservación y mantenimiento. Entre las medidas exigidas figuran el cerramiento perimetral y el control efectivo de los accesos a las parcelas, en su condición de responsables del estado y uso del suelo. Montserrat Ortega, directora ejecutiva de la ACPMN, ha señalado que el caso debe ser abordado desde una óptica que integre lo social y lo municipal. En este marco, se han celebrado reuniones técnicas con juristas y personal especializado para delimitar el reparto competencial. Tras el análisis y atendiendo a la tipología de las infraestructuras detectadas en Los Vivitos —en su mayoría estructuras precarias o construcciones sin consolidar—, se ha determinado que los expedientes deben sustanciarse en el ámbito de la disciplina urbanística de competencia municipal.
El fenómeno del chabolismo y, en términos más amplios, de los asentamientos informales, ha reactivado el debate sobre la gestión de estas realidades en un contexto de escasez habitacional y fuerte presión turística en el Archipiélago. Ante este escenario, algunos municipios canarios han afrontado problemáticas similares articulando la disciplina urbanística con iniciativas de índole social. Es el caso de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que ha impulsado actuaciones orientadas a abordar el sinhogarismo y ofrecer alternativas habitacionales. La Concejalía de Servicios Sociales de este consistorio elaboró en 2025 un informe social sobre las personas sin hogar en el municipio, con el objetivo de obtener una imagen precisa de su situación, sentando las bases para el diseño de políticas públicas efectivas y adaptadas. Del estudio se desprende que el 86,5% de las personas en situación de sinhogarismo procede de fuera del municipio, un dato que, según el gobierno local, apoya la hipótesis de que el fenómeno no es de origen puramente local, sino que obedece a dinámicas territoriales y de movilidad interna en el Archipiélago. Esta hipótesis, con indicadores similares, se extiende a otros municipios de distintas islas, aunque no siempre respaldada por estudios sociales específicos.
Con más de 290 expedientes abiertos y órdenes de demolición pendientes de ejecución judicial en Lomo Negro, Arona trata ahora de contener la expansión de los asentamientos en una fase temprana, buscando evitar la consolidación de nuevas ocupaciones.