Arona refuerza el servicio de limpieza en medio de críticas por la obsolescencia del contrato municipal
El Ayuntamiento de Arona refuerza el servicio de limpieza con 27 nuevos operarios ante las críticas de la oposición por la obsolescencia del contrato actual y la gestión de nuevas modificaciones presupuestarias.
La gestión de los servicios públicos en Arona vuelve a situarse en el centro del debate político tras la reciente sesión plenaria del Ayuntamiento, donde se ha evidenciado la brecha entre la realidad demográfica del municipio y la capacidad operativa de sus infraestructuras. Tal y como recoge la información publicada por diversos medios locales, el Consistorio ha dado luz verde a la incorporación de 27 operarios al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, una medida que, si bien busca paliar las carencias actuales, ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición.
El trasfondo de esta decisión radica en la obsolescencia de un contrato adjudicado hace dieciséis años, cuya planificación original data de 2010 y que, tras una prórroga acordada en el anterior mandato, expirará en febrero de 2027. Con un coste anual de 12 millones de euros, el servicio ha sido calificado por la propia responsable de Medio Ambiente, Clari Pérez (CC), como deficitario, admitiendo la necesidad de redactar un nuevo pliego que se ajuste a las necesidades actuales de una población que supera los 100.000 habitantes.
Desde las filas socialistas, el portavoz Julián Mena ha cuestionado la eficacia de este refuerzo, tildándolo de insuficiente y con tintes electoralistas. La crítica se centra en la falta de inversión en maquinaria, la ausencia de una actualización del convenio colectivo y la escasa ratio de personal por turno, que, según sus cálculos, apenas sumará cinco efectivos adicionales. Mena ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), por no haber impulsado una nueva licitación con la antelación necesaria para evitar la dependencia de este contrato prorrogado.
Más allá de la limpieza, el pleno ha servido para aprobar modificaciones presupuestarias por un valor cercano al millón y medio de euros, financiadas mediante el remanente de tesorería. Estas partidas incluyen 450.000 euros para el área de Cultura —gestionada por Vox— destinados a eventos, y otros 600.000 euros para promoción económica y dinamización comercial, incluyendo actividades navideñas y del mercado agrícola. Asimismo, se han consignado 250.000 euros para obras menores, como reparaciones en la playa de Los Tarajales y mejoras en centros educativos y guarderías. Estas decisiones han generado fricción con el PSOE, que ha cuestionado la necesidad de este gasto adicional apenas un mes después de la aprobación de los presupuestos anuales, mientras que los responsables de las áreas afectadas han defendido la descentralización cultural y la atención a las demandas empresariales como justificación de los ajustes.
Finalmente, la sesión también ha abordado una cuestión de carácter administrativo y judicial con raíces en el año 2000: el abono de 25.488 euros en concepto de honorarios legales al concejal Luis García. Este pago deriva de litigios relacionados con su cese en Urbanismo y su posterior desvinculación del grupo socialista, un episodio que el equipo de gobierno ha enmarcado en los conflictos políticos de la legislatura pasada, calificando el desembolso como una consecuencia de la inestabilidad institucional vivida en años anteriores.