Oleada de robos en Los Cristianos obliga a los comerciantes a contratar seguridad privada ante la falta de efectivos
Los empresarios de Los Cristianos, en Arona, denuncian una oleada de robos y falta de seguridad que les obliga a contratar vigilancia privada ante la insuficiente respuesta institucional.
La inseguridad ciudadana en el municipio tinerfeño de Arona ha alcanzado un punto de inflexión que está obligando al tejido empresarial de Los Cristianos a asumir costes extraordinarios para proteger sus negocios. Tal y como recoge la información difundida recientemente por medios locales, la Asociación Zona Comercial Abierta de Los Cristianos ha trasladado al consistorio una radiografía alarmante sobre la situación de los establecimientos, que se enfrentan a una oleada de asaltos nocturnos sin precedentes en el último mes y medio.
El impacto de esta criminalidad no es solo económico, sino que está alterando la operativa diaria de los comerciantes. Según los datos expuestos ante los responsables municipales —entre ellos, los concejales de Seguridad y Medio Ambiente—, el fenómeno delictivo se concentra especialmente en el eje que conecta la avenida de Suecia con la calle Juan XXIII. La recurrencia de los robos, que en periodos recientes ha llegado a afectar a una decena de locales por semana, ha forzado a los propietarios a contratar vigilancia privada ante la percepción de una respuesta policial insuficiente. Los empresarios denuncian que, a pesar de contar con pruebas gráficas de los asaltos, la reincidencia de los autores y la burocracia posterior a los hechos generan una sensación de indefensión que se prolonga desde hace un año, fecha en la que ya se presentaron quejas similares ante la administración local.
Más allá de los robos nocturnos, la problemática se extiende a la convivencia en el espacio público. Los comerciantes han puesto el foco en la proliferación de carteristas en puntos de alta afluencia turística, como el paseo de Las Vistas y la avenida Juan Carlos I, así como en el deterioro de la zona debido al consumo de sustancias en la vía pública vinculado a situaciones de exclusión social. Este escenario plantea un desafío complejo para el Ayuntamiento de Arona, que ha condicionado la mejora de la seguridad a la futura incorporación de nuevos efectivos a la Policía Local y al establecimiento de mesas de trabajo periódicas para monitorizar los puntos críticos.
Este conflicto pone de relieve la tensión habitual en los núcleos turísticos de Canarias, donde la convivencia entre la actividad económica, la seguridad ciudadana y la gestión de la vulnerabilidad social requiere de una coordinación institucional que, a juicio de los afectados, no ha logrado frenar el deterioro de la seguridad en el último ejercicio. La situación actual, lejos de estabilizarse, ha derivado en una mayor presión sobre los recursos privados de protección, evidenciando una brecha entre las necesidades operativas de los comerciantes y la capacidad de respuesta de los servicios públicos de seguridad.