Arona aprueba las primeras 56 viviendas de la mayor promoción privada de Canarias
El Ayuntamiento de Arona aprueba la construcción de las primeras 56 viviendas de un plan que contempla casi 1.000, el mayor desarrollo residencial privado de Canarias, desbloqueando un área paralizada durante más de tres años.
El Ayuntamiento de Arona ha dado luz verde a la construcción de las primeras 56 viviendas en Cho II-Parque de la Reina. Estos proyectos cuentan con el visto bueno de todos los informes técnicos y legales necesarios.
Estas licencias forman parte de un plan mayor que contempla cerca de 1.000 viviendas, lo que se convertirá en la mayor promoción residencial privada de Canarias.
El gobierno local destacó que esta aprobación es un avance importante para la zona, que llevaba más de tres años paralizada administrativamente. También resalta el esfuerzo del área de Urbanismo por agilizar expedientes complicados en los últimos meses.
El equipo de gobierno, formado por PP, CC y Vox, subrayó que con estas licencias se desbloquea un área residencial clave para aumentar la oferta de vivienda en el sur de Tenerife. Señalaron que esto responde a la gran demanda actual de casas tanto en el municipio como en el resto de la isla.
El concejal de Urbanismo, Javier Baute, calificó el día como importante para Arona. Explicó que con estas dos licencias se inicia un proyecto de 965 viviendas que será el más grande de Canarias en el sector privado. Añadió que Arona vuelve a ser pionera en desarrollo urbanístico en el archipiélago, demostrando que con voluntad y buena gestión se consiguen resultados. Aseguró que han cumplido su promesa de desbloquear este expediente tras más de tres años de parálisis y se mostró orgulloso del equipo por hacer posible que Arona siga avanzando con un plan claro y sostenible.
Por otro lado, la concesión de estas licencias contrasta con la situación de una treintena de personas que llevan entre cuatro y siete años esperando su licencia municipal para construir en otra zona cercana. El problema se remonta a 1986, cuando la empresa pública Gestur Canarias no cedió el 10% del suelo a la administración local. Esta situación de bloqueo urbanístico lleva más de 40 años y los afectados siguen a la espera de poder construir sus casas.