Arona aprueba sus presupuestos de 138 millones en un pleno marcado por la crispación y la expulsión de dos ediles
El Ayuntamiento de Arona aprueba sus presupuestos de 138 millones de euros entre una fuerte crispación política, la expulsión de dos ediles socialistas y las críticas de la oposición por la falta de medidas sociales.
La aprobación de las cuentas municipales de Arona para el presente ejercicio, cifradas en un montante global de 138 millones de euros, ha estado marcada por una notable crispación política y la expulsión de dos ediles socialistas durante la sesión plenaria. Tal y como recoge la información difundida sobre el desarrollo del pleno, el documento económico salió adelante gracias a la mayoría absoluta del tripartito que conforma el ejecutivo local —Partido Popular, Coalición Canaria y Vox—, frente al rechazo del PSOE y Más por Arona, y la abstención de Nueva Canarias.
El análisis de las partidas revela que la gestión operativa del municipio absorberá el grueso del presupuesto, con cerca de 74 millones de euros destinados a contratos de mantenimiento, limpieza y servicios básicos. Por su parte, el equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Fátima Lemes, ha defendido el documento como un ejercicio de estabilización administrativa, subrayando un incremento del 5,16% respecto al año anterior y la inclusión de proyectos de mejora en infraestructuras como la rambla de Las Galletas, el centro cívico de El Palm-Mar y diversas actuaciones en materia de saneamiento y seguridad.
Sin embargo, la oposición ha centrado sus críticas en la política de vivienda y el gasto corriente. Mientras el gobierno local sostiene que existen 8,5 millones de euros reservados para la adquisición de terrenos con el fin de fomentar el acceso a inmuebles asequibles, los grupos PSOE y Más por Arona han denunciado la ausencia de fondos específicos para alquiler social o la creación de una oficina municipal dedicada a esta problemática. El portavoz socialista, José Julián Mena, ha cuestionado la legitimidad del proceso tras la expulsión de dos miembros de su grupo, calificando la maniobra como una estrategia para alterar la aritmética parlamentaria.
La controversia también se ha trasladado al modelo de gasto. Desde la oposición se ha puesto el foco en la comparativa entre los tres millones de euros previstos para obras públicas y los 2,7 millones consignados para eventos, festejos y comunicación institucional, una cifra que, a juicio de los grupos minoritarios, evidencia una falta de ambición transformadora. Por el contrario, la concejala de Hacienda, Guacimara Tavío, ha insistido en que el presupuesto cuenta con el respaldo técnico necesario para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Este escenario en Arona refleja la complejidad de gestionar un presupuesto que, al sumar las cuentas del propio Ayuntamiento —134 millones— con las de sus organismos autónomos y la empresa municipal Adesa, alcanza los 138 millones de euros. La sesión, que contó con la ausencia de la concejala Dácil León, pone de manifiesto la fractura política en un municipio que, según el ejecutivo, transita hacia una etapa de planificación, pero que para la oposición carece de medidas sociales efectivas para las familias vulnerables.