El Cabildo de Tenerife finaliza la restauración de viviendas en Arico tras 16 años de conflicto administrativo
El Cabildo de Tenerife finalizará a principios de 2025 la rehabilitación de dos viviendas en Arico, dañadas por unas obras en la carretera TF-625 en 2008, tras casi dos décadas de litigios y controversias administrativas.
El cierre de un conflicto administrativo que se ha prolongado durante casi dos décadas en Arico pone de relieve las complejas aristas de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Tal y como ha informado Diario de Avisos, el Cabildo de Tenerife ha finalizado las obras de restauración en dos inmuebles de El Porís de Abona, afectados por un desprendimiento de tierras vinculado a la ejecución de la carretera TF-625 en 2008. La previsión institucional apunta a que los residentes podrán recuperar sus hogares a principios del próximo año, poniendo fin a un largo periplo judicial.
El origen de esta situación se remonta a 2006, cuando la corporación insular decretó la emergencia para consolidar los taludes de la citada vía ante la inestabilidad del terreno. La documentación técnica de la época, consultada por el citado medio, revela que los trabajos de excavación y cimentación se vieron obstaculizados por la falta de acceso a las fincas privadas, un escenario que se complicó por las vibraciones derivadas de obras colaterales. Tras el colapso parcial del muro de contención en junio de 2008, el Cabildo procedió a la demolición de parte de la estructura y habilitó desvíos provisionales a través de la urbanización Bahía Azul, prolongándose las labores de adecuación hasta 2009.
Este caso ilustra la rigidez de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, donde la vía judicial se convierte en el único cauce para la reparación de daños. Mientras que dos de los propietarios afectados lograron sentencias firmes que obligan a la administración a ejecutar las obras de rehabilitación, una tercera vecina permanece en una situación de desamparo administrativo. Esta propietaria alega que su vivienda sufrió daños estructurales equivalentes a los de sus colindantes, pero su reclamación fue desestimada tras un error formal en la documentación presentada durante el proceso.
Desde la institución insular se escudan en el principio de legalidad, subrayando que su capacidad de intervención está supeditada estrictamente a la existencia de resoluciones judiciales favorables. Según fuentes del Cabildo, la ausencia de una sentencia firme o de un expediente administrativo resuelto a favor de la tercera afectada impide cualquier actuación de oficio. Por su parte, la vecina sostiene que colaboró con los técnicos durante la fase de obra bajo la premisa de que se realizaría un saneamiento integral, una expectativa que, a su juicio, no se cumplió, derivando en un litigio donde un fallo en la aportación de escrituras resultó determinante para el archivo de su causa. Este escenario subraya la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la burocracia cuando los procesos de reclamación se ven truncados por deficiencias procedimentales, dejando sin resolver daños que, según la parte afectada, tienen un origen común en la gestión de la obra pública.