La Policía Local de Arico denuncia la inviabilidad operativa y precariedad laboral del cuerpo
La plantilla de la Policía Local de Arico denuncia una situación de inviabilidad operativa por la falta de recursos, deficiencias estructurales en la jefatura y un estancamiento administrativo que compromete la seguridad pública y laboral.
La seguridad pública en el municipio tinerfeño de Arico se encuentra en un punto de inflexión, según ha trascendido a través de la documentación remitida al sindicato Asipal y recogida por Europa Press. La plantilla de la Policía Local ha trasladado una advertencia formal sobre la inviabilidad operativa del servicio, planteando la posibilidad de elevar el conflicto ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ante lo que califican como una gestión municipal deficiente.
El núcleo del conflicto reside en una carencia estructural de recursos que, según los agentes, contraviene el Decreto 20/2020 de Canarias. La flota de vehículos, con unidades que superan los 700.000 kilómetros, presenta fallos mecánicos recurrentes y carece de elementos de seguridad pasiva, como mamparas o sistemas de iluminación reglamentarios, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. A esta precariedad técnica se suma la ausencia de herramientas básicas para el ejercicio de la autoridad, como sonómetros y etilómetros, además de una carencia de sistemas informáticos homologados que obliga a los funcionarios a tramitar atestados de forma manual, contraviniendo los estándares de digitalización administrativa actuales.
Más allá de la operatividad, el informe pone el foco en la salud laboral y la seguridad física dentro de la propia jefatura. Los agentes describen un inmueble con daños estructurales, humedades y una configuración interna que incumple los protocolos de seguridad, citando específicamente la falta de un armero homologado y la presencia de cableado eléctrico desordenado junto a equipos de red en las zonas de trabajo, lo que, a su juicio, eleva el riesgo de accidentes eléctricos o incendios.
La situación se ve agravada por un estancamiento administrativo que se prolonga durante dos décadas. La falta de aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada ha congelado las retribuciones de los efectivos, quienes dependen de la realización sistemática de horas extraordinarias para alcanzar niveles salariales acordes a su responsabilidad. Esta dependencia de la prolongación de jornada no solo afecta a la conciliación personal, sino que genera una fatiga acumulada que, según los denunciantes, compromete la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Finalmente, los agentes denuncian una brecha entre la imagen institucional proyectada por el Ayuntamiento y la realidad cotidiana del cuerpo. Mientras las comunicaciones oficiales sugieren una modernización tecnológica, los funcionarios aseguran que carecen de acceso a bases de datos policiales y herramientas digitales de gestión. Esta falta de ordenanzas fiscales actualizadas y de planificación estratégica no solo genera inseguridad jurídica en la tramitación de expedientes, sino que sitúa al consistorio ante una posible responsabilidad administrativa y penal por negligencia en la salvaguarda de las condiciones de trabajo de sus empleados públicos.