Arico pierde 200.000 euros en fondos para vivienda protegida en medio de una fuerte disputa política
El Ayuntamiento de Arico ha tenido que devolver más de 200.000 euros destinados a vivienda protegida, generando un conflicto político entre el gobierno local y la oposición por la gestión del suelo en un municipio que lidera el encarecimiento inmobiliario en Canarias.
La gestión del suelo y la vivienda en el municipio tinerfeño de Arico se ha convertido en el epicentro de una agria disputa política tras conocerse la pérdida de una partida presupuestaria superior a los 200.000 euros. Tal y como ha trascendido a través de la denuncia pública formulada por Coalición Canaria, el Ayuntamiento, gobernado por una coalición entre el PSOE y el PP, ha tenido que reintegrar estos fondos que estaban originalmente destinados a la adquisición de terrenos para el desarrollo de vivienda protegida.
El contexto en el que se produce este hecho es especialmente sensible, dado que Arico ha experimentado un encarecimiento del mercado inmobiliario cifrado en un 33% durante el último ejercicio, una cifra que sitúa al municipio a la cabeza de la escalada de precios en el archipiélago canario. Desde la oposición, el portavoz nacionalista, Víctor García, ha calificado este reintegro como una muestra de ineficacia administrativa, argumentando que la falta de proyectos ejecutados y la parálisis en la concesión de licencias están impidiendo que los residentes accedan a un derecho fundamental. La propuesta de los nacionalistas pasa por la movilización inmediata de parcelas municipales ubicadas en núcleos como Arico Viejo, El Río y Abades, con el fin de que sean las administraciones supramunicipales quienes lideren la construcción de vivienda pública ante la supuesta inacción del consistorio.
Por su parte, el alcalde, Andrés Martínez, ha desmentido que la devolución de los fondos responda a una deficiencia en la gestión municipal. Según la versión del regidor, la imposibilidad de ejecutar la partida se debe a una desconexión entre las bases de la convocatoria del Instituto Canario de la Vivienda y la realidad del mercado inmobiliario actual. Martínez sostiene que el límite de 80.000 euros por inmueble fijado en las ayudas resulta insuficiente para adquirir propiedades en las condiciones actuales, una advertencia que, según asegura, fue trasladada al Ejecutivo regional sin obtener una respuesta que permitiera flexibilizar los requisitos.
Este episodio pone de relieve la complejidad de la política de vivienda en los municipios de tamaño medio, donde la escasez de oferta y el aumento de la demanda tensionan los precios, dificultando la emancipación de los ciudadanos. Mientras la oposición exige un cambio de rumbo en la política urbanística local, el equipo de gobierno insiste en que ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo en La Sabinita, El Río y Arico Viejo, trasladando la responsabilidad de la falta de vivienda pública a la rigidez de los mecanismos de financiación autonómicos. La controversia subraya, en última instancia, la brecha existente entre las herramientas de intervención pública y la capacidad real de los ayuntamientos para incidir en un mercado altamente inflacionista.