Arico exige al Cabildo de Tenerife una revisión urgente de la compensación económica por el Complejo Ambiental
El Ayuntamiento de Arico y el grupo socialista en el Cabildo de Tenerife exigen una revisión urgente de la compensación económica por albergar el Complejo Ambiental ante la falta de respuesta del gobierno insular.
La gestión de los residuos en Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate político insular. Tal y como ha trascendido a través de la iniciativa parlamentaria presentada por el grupo socialista en el Cabildo, el municipio de Arico reclama una actualización urgente en la relación financiera y administrativa que mantiene con la institución insular por albergar el Complejo Ambiental de la isla. La controversia radica en la falta de respuesta del gobierno de Rosa Dávila ante una propuesta municipal enviada en noviembre de 2025, lo que ha derivado en una parálisis que se prolonga ya durante once meses.
El núcleo de la discrepancia reside en la interpretación de los criterios de compensación económica. Mientras que el Ejecutivo insular ha limitado históricamente los pagos a una valoración basada estrictamente en la superficie ocupada por las instalaciones, el Ayuntamiento de Arico, respaldado por el PSOE, exige una revisión integral. La postura socialista sostiene que el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos (PTEOR) permite —y obliga— a considerar factores adicionales, como el impacto socioeconómico, las externalidades ambientales y la merma en la calidad de vida de los residentes locales, elementos que, a su juicio, no han sido debidamente cuantificados.
La moción registrada por los consejeros socialistas, encabezados por Tamara Raya y Javier Rodríguez Medina, busca desbloquear esta situación mediante una hoja de ruta clara. Entre las exigencias planteadas destaca la formalización inmediata del convenio, el abono de las cantidades adeudadas correspondientes al ejercicio 2025 —incluyendo la actualización del IPC— y la creación de una mesa de trabajo técnica. Esta última tendría como cometido principal la elaboración de un estudio independiente que determine el valor real de las afecciones que el complejo genera en el municipio, sin que ello suponga para el consistorio la renuncia a reclamaciones futuras.
La urgencia de la situación se ve agravada por la falta de interlocución directa. El grupo socialista ha denunciado que el consejero de Presidencia del Cabildo mantiene sin atender una solicitud de reunión urgente cursada por el Ayuntamiento el pasado 13 de octubre. Ante este escenario, la formación ha solicitado la entrega del expediente completo del convenio y la convocatoria de la Comisión Técnica en un plazo máximo de quince días. La pretensión final es que el Cabildo asuma su responsabilidad institucional con un municipio que, al prestar un servicio esencial para el conjunto de la isla, soporta una carga que, según los demandantes, requiere de una contraprestación más equitativa y transparente.