El Colegio de Arquitectos cuestiona la demolición del silo de Santa Cruz y pide su protección como BIC
El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife cuestiona la demolición del antiguo silo de grano al desmentir su estado de ruina y solicitar su protección como Bien de Interés Cultural frente a los planes de la Autoridad Portuaria.
La pugna por el futuro del antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión tras la reciente intervención del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife (COA). Tal y como recoge la institución colegial, la demolición de esta infraestructura —cuyo coste de licitación asciende a 1,5 millones de euros y cuenta con siete ofertas presentadas en la Plataforma de Contratación Pública— carece de justificación técnica, al desmentir el estado de ruina que la Autoridad Portuaria ha esgrimido como argumento principal para proceder al derribo.
El conflicto, que se ha intensificado en los últimos meses, pone de manifiesto una divergencia de criterios sobre la gestión del patrimonio industrial en suelo portuario. Mientras la Autoridad Portuaria mantiene su hoja de ruta para la eliminación del inmueble, el COA ha presentado un informe técnico, suscrito por los arquitectos Raquel Guanche y Fernando Arocha, que sostiene la viabilidad estructural del edificio. Este documento, elaborado a partir de documentación planimétrica y registros fotográficos obtenidos del propio proyecto de demolición de febrero de 2024, cuestiona la narrativa oficial sobre la degradación del inmueble, al cual no han podido acceder físicamente debido a las restricciones impuestas por el organismo portuario.
La controversia adquiere tintes institucionales al analizar los intentos fallidos de mediación. El pasado noviembre, ambas partes acordaron un periodo de seis meses para explorar alternativas de uso. Según el COA, existió una propuesta formal por parte de la Zona Franca de Tenerife para reconvertir el silo en un centro de empresas tecnológicas. Sin embargo, la Autoridad Portuaria ha negado la recepción de dicha solicitud, a pesar de que la presidencia de ambos organismos recae en la misma figura, Pedro Suárez. Esta falta de entendimiento ha llevado a los arquitectos a solicitar formalmente la protección del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), argumentando que su valor trasciende lo meramente funcional.
Desde una perspectiva histórica, el silo, erigido en 1965, representa un vestigio singular de la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento estratégico desarrollado durante el franquismo. Con una altura superior a los 30 metros y una estética racionalista caracterizada por sus grandes superficies acristaladas y su estructura de hormigón armado, el edificio está catalogado en el inventario municipal de protección. El COA defiende que, al igual que ha ocurrido en otros entornos urbanos de Noruega o China, la reconversión de este tipo de estructuras para usos culturales, residenciales o turísticos constituye una oportunidad de regeneración urbana. La insistencia de los arquitectos en la salvaguarda del silo subraya la tensión existente entre la modernización de las infraestructuras portuarias y la preservación de un legado industrial que, a juicio de los expertos, todavía posee capacidad para integrarse en la dinámica actual de la capital tinerfeña.