Vecinos de Arafo exigen desbloquear la financiación del centro comunitario de El Carmen
La asociación vecinal El Carmen Se Mueve exige al Ayuntamiento de Arafo una estrategia de financiación activa y transparente para desbloquear la construcción del centro comunitario proyectado en 2021.
La materialización de infraestructuras sociales en municipios de pequeña escala se enfrenta a menudo a un cuello de botella financiero que trasciende la voluntad política inicial. Tal y como recoge la asociación vecinal El Carmen Se Mueve, el proyecto para dotar al barrio homónimo en Arafo de un centro comunitario ha entrado en una fase de estancamiento que requiere una hoja de ruta administrativa más ambiciosa. La entidad ha instado a los gestores públicos a abandonar la pasividad y articular una estrategia de captación de recursos que permita convertir en realidad una iniciativa cuya génesis se remonta a 2021, año en el que el consistorio local adquirió un solar de 104 metros cuadrados en la calle Tomás de Mesa con el propósito de ampliar las instalaciones de las antiguas Escuelitas.
El núcleo de la demanda vecinal reside en la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos para evitar la dependencia de una única línea de ayudas. La propuesta del colectivo sugiere un modelo de financiación mixta que integre fondos europeos —específicamente los Feder 2021-2027—, partidas directas del Ejecutivo autonómico, convenios de colaboración con el Cabildo de Tenerife y programas específicos vinculados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la eliminación de barreras arquitectónicas. Para los residentes, la viabilidad del centro, concebido como un nodo de cohesión para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables, depende de que el Ayuntamiento de Arafo asuma una posición proactiva en la interlocución con el resto de las administraciones.
Más allá de la urgencia presupuestaria, la asociación reclama mecanismos de transparencia y control, proponiendo la creación de una mesa de seguimiento que incluya a representantes de los distintos niveles gubernamentales y a los propios vecinos. Esta exigencia de gobernanza participativa busca transformar un compromiso administrativo en una planificación plurianual concreta. La postura del colectivo es clara: tras la fase de diseño y la adquisición del suelo, el proyecto se encuentra en una encrucijada donde la gestión de la financiación debe ser el eje vertebrador de la acción política, superando la mera declaración de intenciones para garantizar la operatividad de un espacio que, sobre el papel, se presenta como una infraestructura estratégica para el desarrollo social del municipio.