Arranca el juicio a la banda de Derbah por macroestafa y extorsión en Tenerife.

Esta semana ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra una presunta banda criminal. Se cree que esta organización, liderada por el empresario libanés Mohamed Derbah, operaba en el sur de Tenerife. Su objetivo era doble: por un lado, supuestamente obligaban a otros empresarios a contratar sus servicios de seguridad mediante amenazas; por otro, cometían estafas continuadas vendiendo apartamentos en multipropiedad y paquetes de vacaciones.

El juicio empezó el pasado jueves, más de 24 años después de que los acusados fueran detenidos en la isla.

Según la Fiscalía, este grupo delictivo estaba formado por diez personas. Además de Mohamed, presuntamente participaban sus dos hermanos, varios colaboradores que actuaban como 'testaferros' (prestanombres), un padre y una hija encargados de engañar a turistas con la venta de inmuebles en tiempo compartido, el director de un banco y un mando de la Guardia Civil, ya retirado.

Mohamed Jamil Derbah: La Fiscalía lo considera el líder de la organización criminal, dando las órdenes para todas las actividades ilegales. Se le acusa de asociación ilícita, estafa continuada, blanqueo de capitales, amenazas y soborno. El fiscal pide para él 26 años de cárcel y una multa de 766.858 euros.

Hussein Jamil Derbah (conocido como Sam): Hermano de Mohamed y su mano derecha para presuntamente amenazar a comerciantes y empresarios de Playa de las Américas, obligándolos a contratar sus servicios de seguridad. También era administrador de dos empresas. La Fiscalía le imputa asociación ilícita, estafa continuada y amenazas, solicitando 16 años de prisión y 3.600 euros de multa.

Hatem Jamil Derbah: El tercer hermano, presuntamente usado como testaferro en las empresas de la banda y en las acciones de intimidación y extorsión. Participó en la creación de dos empresas, donde era administrador. Se le acusa de asociación ilícita, estafa continuada y amenazas. La Fiscalía pide para él las mismas penas que para Sam.

Abdallah Ali Farhat: Era administrador de dos empresas y apoderado de una tercera, supuestamente usadas por la organización para estafar. Se le imputan asociación ilícita y estafa continuada. El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel y 3.600 euros de multa.

Djamila Berkaine: Esta mujer libanesa tenía varios cargos en empresas del grupo que, al parecer, se usaban para estafar. Además de asociación ilícita y estafa continuada, los investigadores la vinculan con el blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para ella siete años y tres meses de cárcel y una multa de 539.604 euros.

Chamel Fadel Chamseddime: Mujer francesa que presuntamente actuaba como testaferro y gestionaba negocios fraudulentos de la banda, como el telemarketing. Figura como titular de cuentas bancarias usadas para enviar al extranjero el dinero de las actividades delictivas. Se le imputan asociación ilícita y estafa continuada.

Dennis Joynson y Lisa Marie Joynson: Este padre y su hija, de nacionalidad británica, presuntamente organizaban y dirigían la venta de multipropiedad y paquetes de vacaciones. La Fiscalía y los investigadores creen que estas actividades se usaban para estafar a los compradores. Además, supuestamente controlaban un servicio de atención al cliente para despistar a los clientes insatisfechos. Están acusados de asociación ilícita y estafa continuada. La Fiscalía pide para ellos cuatro años y seis meses de cárcel.

José Esteban García: Director de una sucursal bancaria española que presuntamente facilitó la apertura de cuentas para la organización. Estas cuentas se usaban para estafar con la venta ficticia de paquetes de vacaciones y productos de 'cash back'. Su papel habría sido clave para mover el dinero de la banda a otras cuentas y ocultar el fraude. García también era administrador único de una empresa utilizada para las supuestas actividades criminales. La Fiscalía lo acusa de blanqueo de capitales y pide para él dos años y nueve meses de prisión, además de una multa de 536.004,80 euros.

José Martín Fernández: En aquel momento, sargento de la Guardia Civil. La Fiscalía sostiene que facilitaba información sobre las investigaciones contra la banda de Derbah a cambio de dinero. Se le acusa de soborno, revelación de secretos y de no cumplir con su deber de perseguir delitos. El fiscal pide para él dos años de prisión y una multa de 229.414 euros.

La Fiscalía señala que la principal actividad delictiva de esta organización era la venta de paquetes de vacaciones. Estos paquetes ofrecían el uso de apartamentos u hoteles en distintos destinos del mundo durante varias semanas al año, supuestamente con descuentos en vuelos o alquiler de coches.

La banda captaba a parejas de turistas en la calle, ofreciéndoles tarjetas para rascar y ganar un premio como gancho para llevarlos a sus oficinas. Allí, los 'vendedores' ofrecían el producto ficticio. La investigación de la Operación Cedro reveló que el precio de estos paquetes oscilaba entre 4.000 y 12.500 libras esterlinas de la época. La banda llegaba a vender entre 30 y 40 paquetes a la semana, lo que, según la Fiscalía, les generaba unos 408.000 euros semanales (unos 68 millones de pesetas entonces).

El primer pago, del 10% al 20% del total, se hacía con tarjeta en la oficina. El resto se transfería desde el país de origen de la víctima a cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, los apartamentos y hoteles prometidos en otros lugares del mundo no existían, y los descuentos no eran reales. La organización solo disponía de algunos inmuebles en Tenerife, insuficientes para la demanda.

Si un cliente quería disfrutar de las vacaciones en otros destinos, debía pagar un dinero extra, ya que el primer pago no era válido. Con el tiempo, se les ponían tantas dificultades que los clientes acababan renunciando a sus derechos. Los afectados llamaban a una supuesta central de reservas, dirigida por Dennis y su hija, donde mujeres que hablaban varios idiomas les decían que no había disponibilidad en los destinos prometidos, ofreciéndoles alternativas en Tenerife o España. Cuando las quejas aumentaban, simplemente cambiaban los números de teléfono.

Otro método de estafa era el 'cash back'. Consistía en que las víctimas depositaban una cantidad de dinero con la promesa de que se les devolvería tres años después, con intereses muy altos. Pero, pasados los 36 meses, el dinero nunca llegaba y la organización se quedaba con todo el depósito. Los investigadores estiman que, de esta forma, el grupo se apropió de varios millones de libras esterlinas de ciudadanos británicos.

Mohamed Derbah llegó a Tenerife a finales de los años 80 como jefe de seguridad del empresario británico John Palmer, conocido por sus actividades mafiosas. Casi diez años después, Derbah creó sus propios negocios, muy parecidos a los de Palmer, en la entonces creciente zona turística de Costa Adeje, Las Américas y Los Cristianos. La investigación sobre su organización comenzó en 1999, y en noviembre de 2001, el exjuez Baltasar Garzón dirigió la Operación Cedro.

Derbah nunca ha sido condenado. En los últimos años, intentó mejorar su imagen, presentándose como un empresario serio, representante diplomático de Guinea Bissau e incluso fundó un partido político, Fuerza Canaria. Sin embargo, en la segunda mitad de 2024, la Policía Nacional empezó a cerrar clubes cannábicos en el sur de Tenerife, algunos de ellos vinculados a Derbah. Este empresario libanés comenzó a moverse para intentar frenar estas acciones policiales, contactando con políticos influyentes de Canarias, como el diputado socialista Gustavo Matos o el subdelegado del Gobierno, Javier Plata. Finalmente, en abril de 2025, una operación de Asuntos Internos de la Policía Nacional culminó con la detención de Derbah, dos inspectores jefes jubilados y un subinspector de la Policía Nacional, un abogado y varios colaboradores.