Un error administrativo deja a 44 menores de Puerto de la Cruz sin comedor escolar gratuito
Un fallo administrativo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha dejado a 44 menores del CEIP Juan Cruz Ruiz sin acceso a la gratuidad del comedor escolar, obligando a sus familias vulnerables a asumir el coste del servicio hasta el próximo año.
La gestión de los servicios sociales en el Puerto de la Cruz se encuentra bajo el foco tras trascender una incidencia administrativa que ha dejado a 44 menores del CEIP Juan Cruz Ruiz sin acceso a la gratuidad del comedor escolar. Según ha hecho público el grupo municipal socialista, la falta de remisión de los informes técnicos preceptivos por parte del Ayuntamiento ha impedido que estas familias, que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad, se beneficien de la denominada «cuota cero» para el presente curso.
El impacto económico de este retraso es directo para los hogares afectados, que deberán afrontar un desembolso mensual de 110 euros por alumno hasta que se abra el próximo periodo de tramitación, previsto para el 15 de enero. La situación ha generado una fricción institucional, dado que la dirección del centro educativo ha desvinculado su gestión del problema, asegurando haber cumplido con los plazos y procedimientos telemáticos establecidos por la Consejería de Educación. El origen del bloqueo, por tanto, se circunscribe exclusivamente a la demora en la tramitación municipal de los expedientes, una circunstancia que el portavoz socialista, Marco González, ya había advertido en el pleno del pasado mes de septiembre, solicitando medidas de refuerzo para evitar este escenario.
Este episodio pone de relieve las tensiones estructurales que atraviesa la Unidad de Trabajo Social (UTS) de La Vera. La oficina, que opera bajo un modelo de gestión externalizada, mantiene una atención al público limitada a tres jornadas semanales debido a la escasez de personal, una carencia que el PSOE local lleva denunciando más de un año. La falta de previsión administrativa no solo ha derivado en la pérdida de una ayuda esencial para las familias, sino que ha abierto un conflicto político sobre la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los servicios municipales en la protección de los colectivos más desfavorecidos.
La controversia se ha intensificado ante las acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y la oposición. Mientras los socialistas exigen la asunción de responsabilidades políticas por lo que califican como una desatención grave, han criticado duramente los intentos del ejecutivo local por trasladar la culpa hacia el equipo directivo del centro escolar. Ante este panorama, el grupo municipal ha anunciado que elevará el caso a instancias superiores para esclarecer las causas de este fallo administrativo y exigir una rectificación que garantice la atención debida a los ciudadanos en situación de precariedad.