
La parálisis administrativa mantiene en el abandono la Casa del Mar de Los Cristianos
La rehabilitación de la Casa del Mar en Arona permanece bloqueada por deficiencias técnicas y una compleja gestión administrativa, dejando en la incertidumbre el futuro de este centro destinado a la atención de pacientes con patologías neurodegenerativas.
La parálisis que afecta a la Casa del Mar de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona, se ha convertido en un exponente de la complejidad administrativa y la inestabilidad política que lastran la gestión de infraestructuras públicas en Canarias. Tal y como recoge el diario Diario de Avisos, el inmueble, proyectado hace un lustro como un centro de referencia para la atención a mayores y pacientes con patologías neurodegenerativas, permanece sumido en un deterioro estructural que compromete su seguridad y viabilidad futura.
La situación actual del edificio, que presenta riesgos de desprendimiento de cascotes, es el resultado de una concatenación de obstáculos técnicos y administrativos. El actual equipo de gobierno municipal, integrado por PP, CC y Vox, mantiene el proyecto en suspenso a la espera de que la UTE responsable de la redacción técnica subsane las deficiencias detectadas en el documento de ejecución, particularmente en lo relativo a las instalaciones. Según ha manifestado el concejal de Obras e Infraestructuras, Héctor Reyes, la resolución de estos fallos es un requisito previo e ineludible antes de establecer cualquier calendario de obra, lo que deja el horizonte de intervención en una incertidumbre absoluta.
El origen de este bloqueo es multifactorial. Tras la cesión gratuita del edificio por parte del Estado al Ayuntamiento en 2019 —bajo la premisa de destinarlo a fines sociales—, el anterior ejecutivo socialista diseñó un plan de rehabilitación integral para tres plantas y 934 metros cuadrados. Sin embargo, la iniciativa se vio truncada por una serie de eventos: la inestabilidad política derivada de la fractura interna del PSOE en 2023, la falta de consenso en el pleno y, finalmente, la judicialización del expediente provocada por las desavenencias técnicas entre las empresas que conformaban la UTE adjudicataria.
Más allá de la burocracia, el edificio ha sido objeto de controversia por problemas de seguridad. La oposición, liderada por el portavoz socialista José Julián Mena, ha cuestionado la gestión del gobierno local ante los episodios de accesos irregulares denunciados en el pasado, mientras que el ejecutivo defiende haber implementado medidas de vigilancia. Esta tensión política contrasta con la realidad operativa del inmueble, donde la planta baja sigue albergando actividades para la tercera edad, a pesar de que el resto de la estructura carece de las condiciones necesarias para su uso integral.
El caso de la Casa del Mar ilustra las dificultades que enfrentan los ayuntamientos al gestionar activos cedidos por la Administración General del Estado cuando los proyectos de rehabilitación se ven condicionados por una gobernanza inestable y una gestión de contratos públicos altamente conflictiva. Mientras el consistorio aguarda las correcciones técnicas, la rehabilitación de este centro, vital para la atención al alzhéimer y el párkinson en la zona, sigue sin fecha de inicio.