Adeje destina 25.000 euros y moviliza ayuda humanitaria para los damnificados por el seísmo en Venezuela

La respuesta institucional ante la catástrofe sísmica que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ha encontrado en el municipio tinerfeño de Adeje un punto de inflexión para la movilización de recursos. Según ha informado el consistorio local, la administración municipal ha articulado un dispositivo de auxilio que trasciende la inmediatez de la crisis, buscando asegurar una asistencia prolongada en el tiempo para las comunidades damnificadas.

El eje central de esta estrategia reside en una dotación presupuestaria directa de 25.000 euros, una cifra que el Pleno municipal ha ratificado con el objetivo de canalizar ayuda técnica y material a través de entidades humanitarias con presencia consolidada en el territorio afectado. Esta decisión no solo responde a una necesidad logística, sino que subraya la histórica conexión demográfica y cultural entre Canarias y el país sudamericano, una relación que el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, ha querido enfatizar al apelar a la continuidad del compromiso solidario más allá del impacto inicial del desastre.

Para maximizar el alcance de esta iniciativa, el Ayuntamiento ha establecido un mecanismo de captación de fondos privados mediante una cuenta bancaria específica, abierta tanto a particulares como a organizaciones del tejido empresarial y social. La coordinación de este operativo ha requerido una mesa de trabajo en la que han participado actores clave como la Unión Canario Venezolana, la Asociación de Empresarios de Adeje, el Club Rotario y las entidades CEST y FAST. La intención es que esta red de colaboración permita una gestión transparente y eficiente de las donaciones recibidas.

Más allá de la transferencia de capital, el plan contempla una estrategia de comunicación integral que se desplegará a través de Radio Sur Adeje y los canales digitales institucionales, con el fin de mantener viva la concienciación ciudadana. Paralelamente, el Pleno ha elevado una petición formal a las autoridades autonómicas, estatales y comunitarias para que intensifiquen los protocolos de cooperación internacional y las partidas de ayuda destinadas a la reconstrucción de las infraestructuras destruidas. Este movimiento político busca elevar la presión institucional para que la respuesta ante el seísmo no se limite a una acción local, sino que se integre en una estrategia de mayor calado por parte de las administraciones superiores.