Fractura política en Adeje por la subida del 26% en la tasa de residuos
Coalición Canaria critica la aprobación de una subida del 26% en la tasa de residuos de Adeje, al considerar que el incremento lineal ignora la capacidad económica de los residentes y la carga que debería asumir el sector turístico.
La reciente aprobación de la nueva tasa de residuos en el municipio de Adeje ha generado una fractura política en el consistorio, tal y como ha hecho público Coalición Canaria. El núcleo del conflicto reside en la aplicación de un incremento del 26% en el gravamen, una medida que, según la formación nacionalista, traslada el peso financiero del servicio de limpieza directamente a los residentes, desatendiendo las particularidades de un municipio con una actividad turística intensiva.
El debate en el pleno municipal puso de manifiesto dos visiones contrapuestas sobre la gestión fiscal. Mientras el equipo de gobierno del PSOE ha sacado adelante la ordenanza, la oposición ha cuestionado la falta de progresividad en el diseño de la tasa. Patricia León, portavoz de los nacionalistas, ha señalado que la estructura actual del tributo no contempla la capacidad económica de los contribuyentes ni el origen real de los desechos, argumentando que el sector turístico debería asumir una carga proporcionalmente mayor en la financiación del sistema de recogida.
En su propuesta alternativa, Coalición Canaria planteó un paquete de medidas que incluía una reducción del 12% para los empadronados, así como un sistema de bonificaciones diseñado para proteger a los colectivos más vulnerables, con coberturas de hasta el 90% para hogares en riesgo de exclusión, además de beneficios específicos para familias numerosas. El rechazo de estas enmiendas por parte del ejecutivo local ha sido calificado por el concejal Aythami Amaro como una oportunidad perdida para implementar políticas de sensibilidad social, insistiendo en que la subida lineal ignora la realidad demográfica y económica de los residentes frente a los indicadores de éxito del sector servicios.
Este episodio en Adeje se enmarca en un contexto más amplio de presión sobre las arcas municipales en Canarias, donde los ayuntamientos deben adaptar sus ordenanzas a las nuevas exigencias normativas sobre gestión de residuos. La controversia subraya la dificultad de equilibrar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos con la protección de las rentas familiares en municipios donde el peso de la industria turística distorsiona, a menudo, la carga impositiva real que soportan los ciudadanos.