Absueltos del clan Nuvoletta-Polverino reclaman al Estado indemnizaciones millonarias sin éxito.
Un empresario absuelto tras ser acusado de pertenecer a una red criminal italiana recibe una indemnización parcial del Estado por su tiempo en prisión preventiva.
En el sur de Tenerife y otras partes de España, se llevaron a cabo detenciones. En octubre de 2011, la operación Pozzaro concluyó con 21 arrestos. Se les acusaba de pertenecer a una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa: el clan italiano Nuvoletta-Polverino.
En la isla, la policía detuvo a 13 personas, la mayoría de ellas familiares de origen italiano. Sus bienes fueron bloqueados: cuentas bancarias, empresas, propiedades y vehículos. También se incautaron joyas, relojes de lujo y dinero. Los cargos eran por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y, en un caso, tenencia ilícita de armas.
De los 13 investigados en Tenerife, dos fueron liberados tras declarar en la Audiencia Nacional. El resto ingresó en prisión provisional a la espera de juicio. En 2016, comenzó el juicio con 21 acusados, muchos de ellos enfrentando penas de diez años de cárcel y multas millonarias. Cinco meses después, el tribunal absolvió a todos, excepto a uno: V. P., un empresario inmobiliario condenado solo por tenencia ilícita de armas.
Desde la absolución, al menos ocho de los investigados han reclamado indemnizaciones millonarias al Estado por el tiempo que pasaron en prisión preventiva. Argumentan que, al no demostrarse su culpabilidad, deben ser compensados no solo por el tiempo en la cárcel, sino también por las pérdidas económicas de sus negocios embargados y las deudas acumuladas. Sin embargo, los tribunales no han accedido a estas peticiones.
La ley actual permite compensar a quienes sufren prisión preventiva y luego son absueltos, pero no cubre pérdidas económicas como el "lucro cesante" o gastos ajenos a la privación de libertad.
Otro empresario detenido en 2011, liberado a las 48 horas, demandó tres millones de euros. Su demanda no prosperó. Le embargaron sus negocios y subastaron algunos vehículos, incluido un Lamborghini naranja. Según fuentes cercanas, no solo no recuperó nada, sino que tuvo que afrontar gastos y deudas del proceso, incluyendo honorarios legales, por unos 50.000 euros. Las demandas de otros tres procesados sí fueron aceptadas, pero por cantidades mucho menores, entre 12.000 y 13.500 euros.
Un fallo reciente ha concedido parcialmente la reclamación de V. P., el empresario inmobiliario. Él pedía 800.000 euros tras pasar 1.289 días en prisión preventiva, 923 días más que la pena que finalmente se le impuso. La Audiencia Nacional le ha concedido 30.000 euros por responsabilidad patrimonial debido al tiempo que estuvo en prisión.
En su recurso, V. P. argumentó que, como promotor inmobiliario y dueño de una empresa del sector desde 2007, y propietario de un bar gestionado por su esposa desde 2010, poseía recursos suficientes antes de su detención. Sin embargo, tras su arresto, sus empresas quedaron sin dirección y "a la deriva".
V. P. estuvo en prisión preventiva de octubre de 2011 a abril de 2015. Para salir, pagó una fianza de 10.000 euros y se sometió a medidas cautelares hasta el juicio.
Llegó a Tenerife en 2001 desde Italia con ahorros de unos 25.000 euros. Trabajó inicialmente en empresas de familiares, pero decidió emprender por su cuenta. Abrió una inmobiliaria y una cafetería, donde trabajaba su esposa. Sus inversiones le permitieron comprar una vivienda de 500.000 euros (con hipoteca), varios coches de alta gama (un BMW de 68.000 euros y un Ferrari de 250.000 euros), una autocaravana, una embarcación y relojes de lujo. Al ser detenido, todas sus propiedades y cuentas fueron bloqueadas. "La casa se la quedó el banco y el BMW lo utilizó la Policía para sus intervenciones", relata. "Lo perdí todo y no he podido remontar todavía, casi diez años después de quedar en libertad".