Proponen crear una mesa comarcal para unificar la gestión de aguas residuales en el Valle de La Orotava
La Asamblea Ciudadana Portuense propone crear una mesa de saneamiento supramunicipal para coordinar la gestión de aguas residuales entre los ayuntamientos del Valle de La Orotava y optimizar la nueva depuradora insular.
La gestión de las aguas residuales en el norte de Tenerife se enfrenta a un punto de inflexión. Según ha dado a conocer la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), existe una propuesta formal sobre la mesa para que los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula establezcan un marco de cooperación permanente. El objetivo de esta iniciativa es trascender las fronteras municipales para abordar el saneamiento del Valle de La Orotava como un problema de escala comarcal, aprovechando el inicio de las obras de la nueva depuradora impulsada por el Cabildo insular.
La propuesta, trasladada por el portavoz de la formación, David Hernández, a los responsables de las áreas de aguas de los citados consistorios, busca la creación de una Mesa de Saneamiento del Valle. Este órgano se plantea como un espacio técnico y político donde unificar diagnósticos y coordinar una hoja de ruta común. La premisa de la ACP es que la infraestructura hidráulica, por su propia naturaleza, no puede quedar supeditada a la fragmentación administrativa, especialmente cuando el sistema de depuración debe garantizar la calidad ambiental de zonas críticas como Playa Jardín.
Más allá de la coordinación entre administraciones, la iniciativa pone el foco en la fiscalización sanitaria. La ACP aboga por un rol más activo de Salud Pública, planteando que la mera conformidad de los análisis de agua no debe ocultar la necesidad de una intervención integral en la red de saneamiento. En este sentido, la propuesta sugiere integrar en el debate tanto las demandas de colectivos ciudadanos, como el caso de Stop Vertidos al Mar, como el criterio de expertos independientes.
Este movimiento surge en un contexto de creciente presión social y normativa sobre la gestión de vertidos en Canarias, donde la modernización de las depuradoras se ha convertido en una prioridad para cumplir con las directivas europeas de aguas. La apuesta por una gobernanza compartida pretende asegurar que la inversión del Cabildo no sea una solución aislada, sino el eje de una estrategia regional que permita solventar de forma definitiva las deficiencias históricas en la depuración de las aguas residuales de la comarca.