El abandono de estructuras inacabadas en Canarias reabre el debate sobre la planificación urbanística y el derribo de esqueletos

La persistencia de estructuras inacabadas en el litoral canario, convertidas en símbolos de una planificación urbanística fallida, ha vuelto a situarse en el centro del debate público. Tal y como recoge una reciente investigación periodística, estas edificaciones, proyectadas originalmente para usos residenciales o turísticos durante décadas pasadas, permanecen hoy en un estado de abandono que trasciende el impacto visual para convertirse en un problema de seguridad y ordenamiento territorial.

El fenómeno, que afecta a puntos específicos como el bloque de Añaza o el esqueleto de Puntillo del Sol en La Matanza de Acentejo, tiene su origen en una amalgama de crisis financieras, litigios sucesorios y la insolvencia de los promotores originales. Esta parálisis administrativa ha generado un vacío legal donde la falta de mantenimiento y la exposición a los agentes climáticos han degradado las estructuras, convirtiéndolas en espacios de riesgo para personas en situación de vulnerabilidad que buscan refugio en ellas.

Desde colectivos como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), se señala que estas construcciones son el legado de un modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria desmedida, una estrategia que priorizó la ocupación del suelo sin una visión de sostenibilidad a largo plazo. La crítica se dirige, fundamentalmente, hacia la inacción de las instituciones públicas, a las que se les exige una intervención más decidida. En este sentido, la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello sostiene que el marco normativo actual otorga a la Administración herramientas suficientes para proceder a la ejecución subsidiaria de las demoliciones, repercutiendo posteriormente los costes sobre los titulares de los inmuebles, una medida que consideran justificada por el interés general y la recuperación del decoro urbano.

Por su parte, la Fundación Canarina propone una hoja de ruta diferenciada según la ubicación y el estado de los activos. Para aquellos inmuebles integrados en tramas urbanas, plantean su adquisición pública o la cesión a cooperativas con el fin de fomentar el parque de vivienda social. En cambio, para las estructuras situadas en entornos naturales o con daños estructurales irreversibles, abogan por el derribo inmediato y la posterior restauración ecológica del terreno.

Este escenario pone de manifiesto la urgencia de establecer plazos de ejecución claros. La prolongación de esta situación no solo perpetúa el daño paisajístico, sino que, según advierten las organizaciones consultadas, crea una narrativa de degradación que a menudo es utilizada como argumento para justificar nuevas presiones urbanísticas sobre el territorio, cerrando así un círculo vicioso que las administraciones locales aún no han logrado romper.