En Tenerife, un guardia comparece ante el tribunal por abandono del servicio: protestas por la aplicación del código militar.
En Tenerife, un agente de la Guardia Civil será juzgado por abandono de servicio, lo que ha provocado protestas debido a la aplicación del Código Penal Militar en su caso.
El 14 de octubre se juzgará en Tenerife a un agente de la Guardia Civil, acusado de abandono de servicio. Se enfrenta a una pena de hasta seis meses de prisión.
La vista comenzará a las 9 de la mañana en el acuartelamiento de Almeida, en la capital tinerfeña. La citación, a la que han tenido acceso los periodistas, advierte de que si el hombre no se presenta sin causa justificada, será detenido.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tiene previsto concentrarse a las puertas del cuartel el día del juicio. Quieren apoyar a su compañero y protestar por la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil.
Según la AUGC, este agente sufrió un accidente en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, en verano de 2024.
Estuvo de baja, pero le denegaron el traslado a un destino más cercano a su domicilio. Además, se le abrió un expediente disciplinario por viajar a su casa, en la península.
La asociación afirma que regresaba a la isla cada 10 días para entregar los partes médicos, tal y como se le exigía. Siempre estuvo localizable y atendió las llamadas.
Sin embargo, al día siguiente de que se le concediera el traslado de Tenerife a Guadalajara, el mando decidió elevar su caso a la vía judicial.
El juicio se celebrará en medio del debate sobre si se debe aplicar el código militar a los civiles.
Recientemente, el partido Sumar propuso que se debatiera en el Congreso la exclusión de los militares de la aplicación del código penal militar en tiempos de paz.
La AUGC también considera que el Código Penal Militar no debería aplicarse a los miembros de las fuerzas armadas, salvo en casos muy concretos. Argumentan que el 99% de su trabajo son funciones policiales, no militares.
En 2007 se modificó el artículo 5.1 del Código Penal Militar para que solo se aplicara a la Guardia Civil en casos excepcionales: en tiempo de guerra, estado de sitio, cumplimiento de misiones de carácter militar o formando parte de las Fuerzas Armadas.
Pero en 2016 esta decisión fue revocada. Desde entonces, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el mando tiene "un instrumento de abuso de poder para coaccionar a los agentes", lo que supone "una anomalía en un estado de derecho".
Afirman que la mayoría de los incidentes podrían resolverse a través del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que ya es "bastante severo", o a través del Código Penal ordinario, si fuera necesario.
Pero el proceso militar, insisten desde la asociación, "puede tener consecuencias muy graves".