Una mujer de 80 años, herida grave tras ser atacada por dos perros potencialmente peligrosos en Guía de Isora
Una mujer de 80 años se encuentra hospitalizada tras ser atacada por dos perros potencialmente peligrosos que se escaparon de una finca en Guía de Isora, Tenerife.
El suceso ocurrido este jueves en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, donde una mujer de 80 años resultó herida tras ser atacada por dos perros de raza potencialmente peligrosa, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad civil y la tenencia de animales que requieren medidas de control específicas. Tal y como han recogido diversos medios locales, la víctima fue asistida inicialmente en el Hospital del Sur antes de ser derivada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria debido a la gravedad de las lesiones y a su avanzada edad, que obligó al personal facultativo a extremar los cuidados.
El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la carretera TF-38, a la altura de la localidad de Chío, poco después de las 8:00 horas. Las autoridades locales y los servicios de emergencia, activados a través del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 1-1-2, han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Entre las líneas de trabajo de los agentes, cobra fuerza la posibilidad de que los animales hubieran logrado evadirse de una finca cercana, un recinto vinculado a una residente de origen extranjero que, según las primeras informaciones, se encontraba fuera del país en el momento de los hechos.
Este episodio no es un caso aislado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino que reabre la preocupación vecinal por la gestión de este tipo de canes en la zona. Según ha trascendido, la vivienda de alquiler donde se alojaban los animales ya había sido objeto de quejas previas relacionadas con el comportamiento de los perros.
Desde una perspectiva legal, la tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos en España está sujeta a una normativa estricta que exige, entre otros requisitos, la obtención de una licencia administrativa, la inscripción en un registro municipal y el cumplimiento de medidas de seguridad obligatorias, como el uso de bozal y correa en espacios públicos. La falta de control sobre estos animales, especialmente en entornos rurales o de tránsito frecuente, no solo supone una infracción administrativa, sino que puede derivar en responsabilidades penales para los propietarios si se demuestra una negligencia en la custodia que resulte en daños físicos a terceros. La investigación en curso deberá determinar ahora si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos por la ley para evitar que los animales abandonaran el recinto privado.