Canarios en el exterior: 27 presos por narcotráfico en condiciones infrahumanas.
Casi mil españoles, 27 de ellos canarios, cumplen condena en prisiones extranjeras, mayormente por narcotráfico y en condiciones infrahumanas, recibiendo apoyo de la Fundación +34.
La compleja realidad de los ciudadanos españoles encarcelados en prisiones extranjeras adquiere una dimensión particularmente cruda para los canarios. Alrededor de 27 residentes del archipiélago se encuentran privados de libertad fuera de las fronteras nacionales, una cifra que, según datos recabados por la Fundación +34, subraya la vulnerabilidad de estos individuos y la precariedad de sus condiciones. Este colectivo forma parte de los casi mil españoles —998 en total— que cumplen condena en el exterior, enfrentándose a sistemas judiciales y penitenciarios muy distintos al propio.
La inmensa mayoría de estas detenciones, tanto a nivel canario como nacional, está vinculada a delitos de tráfico de estupefacientes. La Fundación +34, una organización dedicada al apoyo y asesoramiento de estos presos y sus familias, asistió a 17 isleños durante el pasado año, evidenciando la magnitud del problema. Los canarios se distribuyen por diversas geografías: cinco en Brasil, tres en Colombia, otros tres en Marruecos, dos en Ecuador, y uno en Panamá, Perú, República Dominicana y Senegal. En Europa, se registran tres en Alemania, otros tantos en Francia, y uno en Bélgica, Dinamarca, Reino Unido y Singapur. Recientemente, se ha conocido la liberación de dos ciudadanos y una hispano-venezolana de origen canario en Venezuela.
Las condiciones de reclusión en estos centros penitenciarios son, con frecuencia, extremadamente duras. Los presos canarios, al igual que el resto de españoles, deben afrontar deficiencias severas en seguridad, sanidad, alimentación e higiene. La responsable jurídica de la Fundación +34, Nuria Pérez, ha señalado que muchos de estos individuos son "delincuentes primarios", personas que, ante situaciones de dificultad económica o crisis financiera, son captadas por redes de narcotráfico para transportar drogas, a menudo por sumas que oscilan entre los 5.000 y 20.000 euros. Sin embargo, el coste personal de esta decisión resulta ser desproporcionadamente alto.
Más allá de la duración de las penas, que varían considerablemente según la legislación de cada país, la principal preocupación reside en las condiciones "infrahumanas" de algunos centros. Factores como la situación socioeconómica del estado o las normativas internas de las cárceles contribuyen a un panorama de hacinamiento absoluto, higiene deficiente, y recursos sanitarios y alimentarios limitados. En países como Marruecos, la barrera idiomática añade una capa adicional de dificultad. Además, la violencia entre reclusos y la extorsión son fenómenos comunes, con la seguridad a menudo comprometida por el control ejercido por otros internos.
La Fundación +34, nacida en 2011 por iniciativa de Javier Casado tras experiencias personales que revelaron la desatención en este ámbito, se esfuerza por cubrir estas necesidades básicas. Desde papel higiénico y cepillos de dientes hasta artículos de higiene personal para mujeres o alimentos, la organización intenta proporcionar lo esencial. Sin embargo, en algunas prisiones, esta ayuda se ve obstaculizada por la obligación de adquirir estos productos en el economato del centro, donde los precios son significativamente más elevados.
Otro pilar fundamental de la labor de la Fundación es el asesoramiento para el traslado de presos a España, permitiéndoles cumplir el resto de su condena en su país de origen. Este proceso, que exige una sentencia firme y no recurrida, es complejo y prolongado. La organización, que en sus más de catorce años ha asistido a unos 150 canarios y a un total de 4.277 presos españoles y 1.527 familias, no presta asistencia a personas condenadas por terrorismo, delitos sexuales, trata de personas, homicidio o asesinato.
La Fundación también aconseja a las familias sobre la conveniencia de visitar a sus seres queridos en prisión, ya que en ciertos países, la percepción de solvencia económica por parte de las autoridades podría dificultar los trámites de traslado. En naciones con convenios bilaterales, la posibilidad de regresar a España tras cumplir la mitad de la pena ofrece un resquicio de esperanza. Para los reclusos, la organización enfatiza la importancia de mantener una "mente fría y estable" como mecanismo de supervivencia ante la extrema dureza de su situación.